Con motivo de la Operación Púnica ya publiqué un artículo en el que intentaba explicar la función de los Funcionarios con Habilitación Nacional y el ejercicio por parte de éstos de los controles internos en la Administración Local.
Estos funcionarios hasta ahora estábamos adscritos a las Comunidades Autónomas y desde hace un año hemos vuelto al Estado, con el objeto de reforzar nuestra independencia con respecto a las Entidades Locales en las que prestamos servicios, tal y como consta en la Exposición de Motivos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Y aunque es más literatura que realidad, porque se sigue manteniendo la dependencia económica de las Corporaciones en las que ejercemos, e incluso la libre designación en los municipios de más de 75.000 habitantes, sin embargo algunos pensábamos que esta nueva situación debería traernos mejoras. Pero no ha sido así.
Después de que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se nos estén encomendando funciones más allá de lo que nos corresponde; después de aprobar una incoherente Ley de reforma local y consentir su pervivencia con leyes autonómicas dictadas en defensa de aquélla, poniéndonos al pie de los caballos en cuanto a tener que informar sobre lo que se puede o no hacer ante tanto descontrol, y cuando lo único que pedimos son medidas de dignificación, incluyendo una carrera profesional como la que tienen otros funcionarios, la respuesta del Departamento de Montoro ha sido la reciente convocatoria de un número ridículo y absolutamente insuficiente de plazas con una reserva para promoción interna vergonzante.
Actualmente existe un importante número de vacantes de plazas reservadas a estos funcionarios que están cubiertas, en el mejor de los casos, por los de categoría inferior, mientras que en otros lo son por funcionarios que no tienen ni la formación ni la habilitación, y aunque en muchos casos lo hacen de buena fe, para evitar perjuicios a sus Ayuntamientos, en otros hay una auténtica connivencia entre quienes ocupan la plaza y los respectivos alcaldes.
Y ya el colmo son las plazas ocupadas por personal laboral o incluso contratando el ejercicio de funciones a consultorías externas. ¿Alguien se imagina a un ayudante técnico sanitario ejerciendo de neurocirujano, o a una persona sin la titulación como inspector de Hacienda?
Lo triste es que lo que acaba de hacer el Ministerio no es por razones económicas, ya que cubrir las vacantes no supondría aumento del gasto público. Quienes están ocupando las plazas irregularmente ya cobran por ello, por lo que sería mucho mejor pagar por el original que no por una copia. Y en aquellos sitios en los que deliberadamente se mantienen los puestos vacantes no es que haya un ahorro, sino que simplemente se están gastando el dinero en otras cosas
La esencia de la democracia no es que cada quien haga lo que le da la gana, sino que se cumplan las normas que permitan poder hacer lo que queramos respetando los derechos de los demás. Es precisamente ese respeto lo que garantiza nuestra igualdad. Y el aval de dicho cumplimiento es la existencia de controles y de los funcionarios encargados de ejercerlos, por lo que mantener la actual situación no le beneficia a nadie.
Por ello, a partir de ahora, cuando veamos a la Guardia Civil llevándose ordenadores de algún Ayuntamiento o Diputación, o cuando oigamos que determinados contratos se adjudican sistemáticamente a hermanos, cuñados y otros allegados, deberíamos preguntar quiénes ejercían los controles y cómo han sido nombrados. Porque quien tiene la competencia y la oportunidad de poner orden y cambiar las cosas no ha querido hacerlo.
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