El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla dicta una providencia en la que ha resuelto elevar a la Audiencia Provincial el recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) contra el auto de 24 de octubre de 2014 que acuerda el
sobreseimiento provisional y archivo de la macrodenuncia contra 42 altos de cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía y de siete agencias públicas y entes instrumentales.
Según ha indicado el SAF en una nota, en este recurso, el sindicato expone que "no se ha entendido el trasfondo de lo denunciado, ni la gravedad de los hechos expuestos que, en modo alguno, están alejados de la punibilidad penal". El recurso aclara que el auto omite la petición formal de acumulación al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 6, e insiste en los posibles delitos de prevaricación, usurpación de potestades públicas y malversación de fondos.
El sindicato manifiesta su desacuerdo a la "celeridad" al dictar el sobreseimiento provisional "sin práctica de prueba" y afirma que la extensa y minuciosa prueba documental presentada "da fe de la participación de personal ajeno a la función pública en labores que los propios tribunales consideran potestades públicas como son inspección, sanción o concesión de subvenciones, reservadas a funcionarios vulnerando el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Protección de Datos,
al tener acceso a datos de ciudadanos con claves del personal funcionario".
El SAF ha advertido de que las agencias mencionadas en la denuncia "no tienen personal funcionario adscrito pero llevan a cabo funciones públicas que sólo deben ejercer funcionarios, en materias tan importantes como gestión y concesión de subvenciones y ayudas, contratación administrativa, control de gastos y fiscalización". Ha precisado que "sólo 3 de los 16 directores generales y/o directores gerentes mencionados en la denuncia son funcionarios de la Administración General de la Junta".
El sindicato ha recordado que la denuncia "aporta un análisis sobre una muestra de contratos adjudicados, ayudas y subvenciones gestionadas desde 2011 por una cantidad estimada de más de 950 millones de euros tramitados por agencias y entes, exceptuando las de cuantía inferior a 3.000 euros, por no ser obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía".
El SAF considera que los hechos denunciados "son aval suficiente para, al menos, considerar su investigación y entiende que van más allá del mero control de legalidad ordinario en vía administrativa". Por ello, el sindicato solicita que se revoque la resolución dictada y se ordene la
práctica de la prueba interesada, continuando las diligencias por los trámites de ley.
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