En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se prohíbe al guardia civil acercarse a la víctima a una distancia inferior de 500 metros o comunicar con ella durante quince años así como a indemnizarla con 45.000 euros.
Durante el juicio el fiscal calificó el sufrimiento de la niña como "calvario" y la Sala considera probado que las agresiones comenzaron cuando la niña tenía 8 años y los padecía dos ó tres veces por semana.
En el relato de hechos se destaca que el progenitor para conseguir sus propósitos le decía a su hija "que si no los hacía no saldría de casa, mostrándose agresivo y atemorizándola".
Para el ministerio público el agresor "abusaba" de su autoridad y del "respeto que a su hija le inspiraba la figura paternal" y, para conseguir sus propósitos generó "un terrible miedo en la misma".
Debido a ello, la chica intentó suicidarse varias veces sufriendo cuatro intentos de autolesiones y estando ingresada por ello, hasta que a los 21 años se marchó de casa e inició un tratamiento como víctima de delitos sexuales y violación.
Las agresiones comenzaron a los ocho años
Las agresiones comenzaron con tocamientos en la zona genital mientras dormía cuando tenía 8 años y cuando cumplió los 9 años, el padre comenzó a introducirle los dedos en la vagina, conducta que repetía varias veces a la semana.
A los 11, la enseñó a masturbarle, normalmente en el cuarto de baño, dos o tres veces por semana; en ocasiones, la amenazaba con no dejarla salir de casa y le llegó incluso a poner las esposas en alguna ocasión.
En una de las agresiones, una noche de Reyes, la penetró analmente y la obligaba varias veces a la semana a masturbarle.
A partir de los 12 años, le comenzó a exhibirle películas pornográficas "con el fin de que ella aprendiese de las mismas los actos y sonidos que se veían".
Una vez cumplidos los 21 años, su padre comenzó a intentar penetrarla vaginalmente, pero no lo consiguió nunca debido a la oposición de su hija, que finamente abandonó el domicilio e inició un tratamiento como víctima de delitos sexuales y violación.
Durante el juicio, el procesado negó los hechos y atribuyó la denuncia a un posible trastorno mental extremo que no ha sido ratificado por los peritos.
Además el guardia civil, su esposa y su hijo aseguraron que la víctima tenía una tendencia compulsiva e irrefrenable a mentir desde la infancia, versión que tampoco le dan fiabilidad los médicos, que sólo reconocen un trastorno ansioso depresivo "que podría haber sido provocado por los hechos que la joven denunció".
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