Los comercios afectados por la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos el día 1 de enero --que establece la extinción de los locales de renta antigua--, se han incorporado a la Confederación de Comercio (Aprocom), con el fin de llevar a cabo "medidas de presión", en este caso contra el Ayuntamiento de Sevilla, "para evitar la extinción de sus contratos y el cierre de 39 negocios".
Según ha informado Aprocom en una nota, a "tan sólo cinco días vista", el Ayuntamiento hispalense ha comunicado a los titulares arrendaticios de locales de negocio de propiedad municipal que el día 1 de enero "daría por extinguido esos contratos", lo que supondría "el cierre de 39 comercios en Sevilla capital".
Por este motivo, la organización pedirá al Ayuntamiento la reconsideración de la extinción de los contratos y que se ofrezca una fórmula para solucionar el cierre de estos negocios cuyos contratos de arrendamiento datan de más de cuarenta años, ya que en la mayoría de los casos se trata de pequeñas empresas "muy afectadas por la crisis y situadas en zonas poco atractivas, comercialmente hablando".
En este sentido, Aprocom ha expresado su "disconformidad" con esta medida municipal y confía en que el asunto pueda solucionarse de una manera "satisfactoria" para los comerciantes.
Así, ha confirmado que desde la Confederación de Comercio han solicitado una "entrevista urgente" para tratar este asunto con la delegada de Hacienda del Ayuntamiento, Asunción Fley, aunque reconocen que la fecha está aún "pendiente de fijar".
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