CSIF continúa estudiando si llevar al Ayuntamiento de Málaga ante la Fiscalía para que investigue la polémica en el servicio de la grúa municipal. El sindicato critica el hermetismo y pasividad de la administración local tras denunciar supuestos tratos de favor. El episodio más sonado puso en el punto de mira a la edil de Fiestas, Teresa Porras, a la que acusaron de haber intercedido para devolver el vehículo de un empresario que había sido retirado.
Un caso que luego se repetiría, según denunciaron, con el propio gerente de SMASA. En un último escrito, remitido al consistorio este mismo lunes, CSIF reitera la necesidad de iniciar una investigación tras dudas incluso sobre falsificación de documentos.
CSIF ha denunciado que el Ayuntamiento ha criminalizado a los empleados que han denunciado estas irregularidades y que pese a la denuncia pública, ciertas calles continúan vetadas para la grúa por orden municipal. Además, los tratos de favor por parte de miembros municipales se habrían repetido, según nos avanzan.
Desde la oposición, Izquierda Unida llevará la polémica a la próxima comisión de transparencia que tendrá lugar el 4 de febrero.
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