La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga distintas 'macrocausas' entre las que destaca el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha solicitado una de las cuatro nuevas plazas creadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la Audiencia Provincial.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la magistrada Mercedes Alaya ha solicitado formalmente su traslado a la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se creará la quinta plaza de magistrado en cada una de las cuatro secciones de lo Penal que hay actualmente.
La juez Alaya, de 51 años de edad y que lleva en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desde el año 1998, es una de las magistradas con mayor antigüedad en los juzgados de Instrucción, y de hecho su antigüedad en la carrera judicial es el principal factor que tiene en cuenta el CGPJ a la hora de conceder las nuevas plazas judiciales.
COMISIÓN DE SERVICIO PARA CONCLUIR LAS 'MACROCAUSAS'
Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han explicado que, en el probable caso de que el CGPJ concediera a Mercedes Alaya una de las cuatro nuevas plazas que se crearán en la Audiencia Provincial de Sevilla, la magistrada, no obstante, podría no incorporarse inmediatamente a la Audiencia y disfrutar de una comisión de servicio para concluir algunas de las 'macrocausas' que instruye, principalmente el caso de los ERE fraudulentos.
Se trataría, de este modo, de la misma fórmula que se ha aplicado en el caso del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, a quien el Consejo General del Poder Judicial ha autorizado a continuar en su órgano judicial hasta marzo del presente año 2015 para que culmine la investigación del caso 'Gürtel', entre otros.
Hay que recordar que, además del caso de los ERE irregulares, la juez Mercedes Alaya instruye otras causas como las irregularidades en los cursos de formación, la operación 'Madeja', el delito societario de Mercasevilla o el Betis, donde ha procesado al expresidente y exmáximo accionista Manuel Ruiz de Lopera y a otras siete personas por presuntos delitos societarios en su gestión al frente del club.
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