Ante la decisión del Gobierno andaluz de sacar a concurso público 61 derechos mineros en la provincia de Sevilla, Ecologistas en Acción ha avisado de que los yacimientos mineros cuyos derechos son ahora ofertados "no son nuevos". Ecologistas en Acción asegura que se trata de yacimientos mineros "que ya se conocían" y tiene "poca fe" en que prospere este nuevo procedimiento.
Como hemos informado, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba recientemente el concurso público mediante el que la Administración autonómica oferta 61 derechos mineros que comprenden una superficie de unas 42.000 hectáreas de la provincia de Sevilla. La superficie declarada franca que se pone a disposición en la provincia discurre por 24 localidades, la mayoría situada en los términos municipales de Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla, Lebrija y Estepa. En ellos, los recursos que más abundan son los de origen pétreo como el yeso, el granito, la caliza y otros productos de cantera.
Para la presentación de proyectos de explotación, la Administración andaluza exige estudios de impacto ambiental, así como planes de restauración del espacio natural afectado por las labores mineras, los cuales computarán a la hora la toma de decisión por parte de la Administración.
ECOLOGISTAS NO LO VE VIABLE
Frente a este concurso público, el responsable de Minas de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, ha manifestado a Europa Press que los ecologistas tienen "poca fe" en la prosperidad de este procedimiento, sobre todo porque se trata de yacimientos o afloramientos mineros "que ya se conocen" y "no son nuevos", pues "la Ley de Minas permite a la Junta de Andalucía sacar a concurso derechos sobre minas que ya existen".
"No son yacimientos nuevos, la Faja Pirítica se conoce ya perfectamente", dice Antonio Ramos, quien explica que "hasta ahora, no se está acometiendo una investigación minera con tecnología actual". En ese sentido, cree que la Administración andaluza "se podrá dar con un canto en los dientes" si logra que prospere el concurso para "cinco" de los derechos mineros ofertados. A su juicio, se trata de "una medida política en busca de votos, porque se juega con la ilusión de un pueblo que necesita posibilidades de empleo".
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