El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha dicho confiar en que la Ley para la Protección de los Derechos de los Consumidores en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda llegue en febrero al Parlamento y sea aprobada en el próximo periodo de sesiones.
En declaraciones a los periodistas, junto con el vicepresidente de Adicae Andalucía, Fernando Herrero, antes de intervenir en el Foro del Nuevo Consumidor de Andalucía, Valderas ha dicho que se trata de una normativa "fundamental" para la defensa de los consumidores ante las entidades financieras.
Tras indicar que el texto de la norma se encuentra en estos momentos en el Consejo Consultivo, "último paso" antes de que sea aprobado por el Consejo de Gobierno, el dirigente de izquierdas confía en que la norma no sea recurrida al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.
"De este Gobierno nos lo podemos esperar todo, pero yo espero que no la recurra porque la norma está muy al límite de los elementos constitucionales", ha destacado el vicepresidente de la Junta, quien desea que esta ley no tenga que sufrir los "avatares" del Gobierno de Rajoy y que no haya, por tanto, "ningún problema" con la misma.
Por su parte, el vicepresidente de Adicae Andalucía ha dicho que su organización quiere ver cómo queda el texto final de la norma pero que todo lo que sean avances en el aumento de información y mayores garantías para los consumidores "es algo a lo que solo podemos dar la bienvenida".
Ha asegurado que el problema hipotecario no se ha acabado, aunque el Banco de España y alguna otra institución "lo haya intentado maquillar". "La realidad es que el número de familias que acaban entrado en esa espiral de la demanda de ejecución hipotecaria está ahí y va a irse manifestando en los próximos dos o tres años de forma dramática si no se hace nada", ha añadido.
Por ello, ha destacado que Adicae lleva mucho tiempo exigiendo la aplicación de una moratoria a las ejecuciones hipotecarias. En su opinión, es "razonable" suspender o paralizar un desahucio "pero hay que ir a la raíz del problema, al momento en que esa persona no puede pagar".
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