El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha anunciado que a partir de este jueves se inicia el abono de las nóminas de los trabajadores de los consorcios escuela de Formación Profesional para el Empleo, una vez que la gran mayoría de los expedientes de convocatorias previas ya están fiscalizados o remitidos para su fiscalización.
Alonso ha explicado en una nota que aquellos consorcios que tengan sus expedientes justificados al cien por cien podrán percibir el 25 por ciento pendiente de las convocatorias anteriores así como el 75 por ciento de la última convocatoria del año 2013. Es el caso de la Escuela de Hostelería de Cádiz, la Escuela de la Madera de Encinas Reales de Córdoba, el Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba y el Consorcio Escuela de Formación de Artesanos de Gelves de Sevilla.
Asimismo, la Consejería tiene prevista para la semana que viene la misma situación para el Consorcio Centro de Formación en Artesania, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Artístico, Histórico y Cultural Albayzin de Granada, el Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla de Huelva y el Consorcio Escuela de Hostelería La Cónsula de Málaga, y así progresivamente el resto de consorcios de gestión pública que puedan fiscalizar sus expedientes previos de aquí a principios de año.
Alonso ha señalado que con la puesta en marcha del nuevo modelo de formación, iniciado por la Consejería de Educación Cultura y Deporte en estos 15 meses de Gobierno y a la vista de los informes de fiscalización emitidos por la Cámara de Cuentas de Andalucía en los que se analiza la concesión a estas entidades de subvenciones reguladas en la orden de 10 de mayo de 2005, la Consejería ha analizado jurídica y financieramente la situación de esta red de consorcios, con dos prioridades, esto es, "continuar con la prestación del servicio formativo de excelencia que vienen impartiendo con un alto grado de inserción laboral de sus alumnos y garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores".
Alonso ha subrayado que con el tradicional modelo de funcionamiento y financiación de estos consorcios, tanto la prestación de los servicios formativos como la situación laboral del personal "se ha hecho insostenible, por varios motivos jurídicos, económicos, financieros y de funcionamiento, que dificultan la gestión de los centros de formación de las distintas especialidades". La financiación de los consorcios, se ha basado principalmente en una subvención de concurrencia no competitiva dirigida a estas entidades, con carácter anual.
Ha recordado que desde que la Consejería asumió las competencias en materia de Formación Profesional para el Empleo se han implantado medidas de rigor y transparencia en su gestión, entre otras la no exceptuación para aquellas entidades que tengan expedientes pendientes de justificación) así como, la aplicación de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN
Por otra parte, Luciano Alonso ha explicado que, de forma paralela, una vez regularizada la situación de dichos consorcios, la Junta ha puesto en marcha un nuevo modelo que "garantiza tanto la estabilidad de sus trabajadores como el buen servicio público formativo que han venido prestando y por el que son un referente y asegurando la formación desde lo público de la forma más eficiente".
Así, según ha explicado, "no van a depender, como hasta ahora, de una subvención anual, es decir, se aprovecharán las economías de escala, el conjunto de recursos públicos que se pondrán a su disposición y se promoverán acuerdos de colaboración con el sector privado que garantice su posterior empleabilidad".
El consejero ha recordado que el pasado 21 de octubre el Consejo de Gobierno aprobó las dos normas que sientan las bases del nuevo modelo. La primera de ellas es un acuerdo que autoriza la disolución de los consorcios y la segunda un decreto ley que transforma el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos en la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación (Apaef), con el fin de que el nuevo organismo pueda asumir la gestión de la formación.
De esta forma el Gobierno andaluz "garantiza el abono de nóminas y proveedores, así como, una vez se apruebe por los distintos consejos rectores los informes de liquidación y el posterior acuerdo de cesión de activos y pasivos, la incorporación a la Agencia de Educación y Formación de dichas entidades con todas y cada una de sus cuentas equilibradas y saneadas, garantizando la continuidad de la prestación de estos servicios formativos de calidad y excelencia, así como la estabilidad de sus trabajadores".
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