La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 88.906,04 euros impuesta por la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares al secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial rechaza de este modo el recurso interpuesto por el sindicalista en el que pedía anular la fianza civil impuesta por la juez Mercedes Alaya por falta de motivación y proporcionalidad y ausencia de indicios de criminalidad en su conducta.
Sobre esta última alegación, el tribunal pone de manifiesto que, en su auto, la magistrada "fija la cuantía de las responsabilidades pecuniarias, no los indicios de criminalidad que dan lugar a ese pronunciamiento sobre esa responsabilidad".
No obstante, recuerda que "para satisfacer la exigencia de motivación debemos recordar que la imputación" al sindicalista fue efectuada por auto de 27 de enero de 2012 "en relación con su intervención decisiva para que Antonio Fernández Garzón fuera incluido en el ERE de Calderinox a pesar de no haber sido trabajador de dicha empresa".
"FRAUDULENTA"
La Audiencia considera que, en estos momentos, "no consta que estos indicios hayan decaído y/o variado", sino que, "al contrario, con la instrucción posterior al auto parece que el apelante participó como representante de CCOO en las negociaciones tendentes a lograr la aprobación del ERE de Calderinox en reuniones mantenidas, entre otras personas, con dos directores generales de Empleo también imputados", como son Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez.
Todo ello "de manera fraudulenta y con conocimiento" por parte del imputado "de realizase extramuros de la normativa para la concesión de ayudas sociolaborales", sostiene la Audiencia.
A juicio del tribunal, la imposición de la fianza civil es una medida "razonable" una vez "confirmada la concurrencia de severos indicios de criminalidad", pues "de lo instruido parece que el apelante no solo ha influido en la posible inclusión de un intruso en el ERE de Calderinox, sino que también, en connivencia con otros imputados en esa trama fraudulenta", influyó en el ERE.
Todo ello "justifica la imposición como fianza en el orden de las responsabilidades pecuniarias de esa cantidad entregada por la Junta para hacer frente a la prima de la póliza colectiva mediante la que se hacía el pago a los trabajadores beneficiarios de aquel ERE".
INCLUYÓ UN 'INTRUSO' EN UN ERE
"No cabe olvidar que la imputación no se refiere solo a la inclusión de un intruso, como aduce el apelante, sino a su participación en la aprobación de ese ERE, por lo que las responsabilidades pecuniarias han de partir de la cantidad abonada por la Junta --444.980 euros-- en relación con el grado de participación concreta del imputado, que se ha fijado en un 15 por ciento".
A ello se suma que el imputado "ha de responder solidariamente de la fianza impuesta" al secretario general de la Federación de Industria de CCOO a nivel andaluz, Enrique Jiménez, ascendente a 88.996,04 euros, quien "participó al unísono con aquel en la aprobación del reiterado ERE", concluye la Audiencia.
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