El anterior Defensor del Pueblo, José Chamizo, en el año 2000 emitió un informe al Gobierno Andaluz sobre las urbanizaciones ilegales, en el que manifestaba que en Andalucía existían más de 1.000 urbanizaciones ilegales (que afectaban a unas cuatrocientas mil personas).
En la mayor parte de ellas, sus habitantes viven en condiciones de infravivienda, sin luz ni agua, con pozos ciegos, donde arrojan las aguas fecales y residuales, los caminos de accesos están intransitables, pero también es verdad que miles de ellas tienen todos los permisos administrativos para ser legales, proyectos, permisos de obras, inscripciones en el Registro de la Propiedad, pagos de todas las tasas, etc. etc. ¿Pero son ilegales?, SI
En la construcción de estas viviendas ilegales han participado todas las capas sociales de Andalucía, médicos, ingenieros, funcionarios, agentes y cuerpos de seguridad del Estado, concejales de todo tipo de signo político, ciudadanos en general, toda la sociedad andaluza está impregnada de este fenómeno, y aquellos que podían haberlo evitado, hicieron dejación de sus funciones y lo permitieron, en muchos casos incluso lo alentaron.
Así como miles de andaluces optaron por comprar una vivienda “legal” y hoy se encuentran desahuciados por no poder pagar la hipoteca de viviendas que le cobraban cinco o seis veces el valor de su coste, así se encuentran también miles de andaluces que construyeron “ilegalmente” sus casas, con expedientes y multas coercitivas, muchas de ellas de hasta 170.000 €, a pagar en doce veces, resoluciones judiciales en las que se les acusan de ser criminales por haber construido ilegalmente, multas , cárcel y derribo de la vivienda. Pues bien, en el año 2002, la Junta de Andalucía aprueba la LOUA, Ley de Ordenación Urbana de Andalucía.
Esta Ley no resuelve prácticamente ningunos de los problemas planteados. Por poner un ejemplo, aquí en el Puerto de Santa María, tenemos aprobado y en vigor un nuevo PGOU, y la correspondiente Ordenanza de Regularización y Legalización de las 4.000 viviendas que se encuentran situadas en las ARG que plantea el mencionado PGOU, pues bien , aunque las viviendas estén ahora situadas en suelo urbano no consolidado, los expedientes siguen, las multas coercitivas siguen, las resoluciones judiciales de derribo siguen, los que no tengan luz ni agua,( aunque tengan el monolito en las puertas de sus casas) no podrán contratar ni provisionalmente hasta que no hayan desarrollado urbanísticamente la ARG correspondiente y legalizado la vivienda, en la mayor parte de los casos hablamos de diez o doce años.
Los gobiernos municipales, no podían solucionar nada cuando se estaba redactando el nuevo Plan General, ni por unanimidad del Pleno, el que lo hacía prevaricaba, y ahora, con un Plan General aprobado, tampoco. La legislación supramunicipal (LOUA) no lo permite.
Eso sí, está permitido que se pague un IBI de urbano como si estas viviendas estuvieran en Vista Hermosa en contra de la opinión del Defensor del Pueblo Nacional y del Tribunal Supremo. Por último, o se adapta la ley a la realidad social que existe en Andalucía, o el estallido social saltara más pronto o más tarde, como ha pasado con los desahucios de las viviendas que “si” eran legales.
José Antonio Castro Cortegana, coordinador general de “COAVE”
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