“La sentencia hace afirmaciones que no están soportadas por prueba alguna”, añadió el letrado Kepa Landa en la vista pública en el Tribunal Supremo para ver los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó en 2007 a 47 de los 52 acusados en este macrojuicio a penas que suman 525 años de cárcel.
Por otra parte, el juez de la AN Baltasar Garzón dejó ayer en libertad bajo fianza de 10.000 euros a tres de los 44 miembros de Batasuna, EHAK-PCTV o ANV procesados el 23 de marzo por pertenencia a ETA.
Los procesados que serán excarcelados cuando abonen la fianza son el responsable de prensa del EHAK-PCTV, Peio Gálvez; el dirigente de Batasuna y ex concejal de esta formación en San Sebastián Íñigo Balda y la miembro de la Mesa Nacional de la formación ilegalizada Karmele Aierbe.
Ésta se encuentra en el centro penitenciario de Valencia, mientras que Gálvez está encarcelado en Aranjuez y Balda en Córdoba.
En el auto de procesamiento, Garzón señalaba que ANV y PCTV han sido "instrumentalizadas por los miembros de la mesa nacional de Batasuna para continuar la acción delictiva diseñada por ETA-EKIN-BATASUNA a través del frente institucional del complejo terrorista".
A través de esa instrumentalización, según el juez, los responsables de Batasuna lograron disponer, a través del PCTV, "de 837.000 euros con los que contribuyeron al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista, gracias a la presencia en las instituciones democráticas".
Los responsables de PCTV y ANV, añadía, también han actuado plegándose a las directrices de Batasuna como es el caso del presidente de ANV, Kepa Bereziartua, y la alcaldesa de Mondragón Inocencia Galparsoro, quien tras ingresar en prisión por estos hechos quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros.
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