El Parlamento andaluz ha propuesto solicitar al Gobierno central que elabore la normativa adecuada para que se produzca la "pérdida automática de la patria potestad" sobre los menores para aquellos padres que hayan asesinado a las madres.
Esta es una de las 85 conclusiones que se incluyen en el informe del grupo de trabajo sobre medidas contra la violencia de género que ha sido aprobado este viernes por unanimidad en el seno de la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del Parlamento andaluz.
Según el dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, tanto la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía como la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género son normas avanzadas y útiles, que han gozado de amplio consenso político y social, pero la experiencia en estos años de su aplicación ha evidenciado la necesidad de adaptarlas mejor al contexto actual e introducir reformas que permitan profundizar en las políticas de igualdad y erradicar la violencia de género.
El dictamen recoge una serie de peticiones al Gobierno central en relación con la lucha contra la violencia de género, como que elabore la normativa adecuada tanto para evitar la retirada de denuncias y que las mismas no supongan por sí mismas el archivo de las actuaciones como para que se produzca la "pérdida autonómica de la patria potestad" sobre los menores para aquellos padres que hayan asesinado a las madres.
Otras demandas al Ejecutivo nacional se refieren a que elabore la normativa adecuada, por un lado, para la revisión y seguimiento de la tutela de los menores huérfanos por la violencia de género y en materia de control de los recursos económicos y patrimoniales hasta la mayoría de edad, y, por otro, para reconocer la orfandad absoluta por violencia de género.
Según el Parlamento, son necesarias reformas legislativas de ámbito nacional que profundicen en la inclusión de los hijos como víctimas directas de la violencia de género y que las medidas en materia de violencia de género vayan dirigidas a la persecución y rechazo a los maltratadores y no exclusivamente a la necesidad de denuncia por parte de las víctimas.
Asimismo, en el dictamen se plantea solicitar al Gobierno central que equipare a las mujeres que ejercen la prostitución como víctimas de violencia de género, incluyendo el asesinato de mujeres prostituidas como violencia de género.
En el ámbito de la comunidad autónoma, el dictamen solicita la formación del personal de la Junta de Andalucía y del resto de administraciones públicas, en materia de igualdad de género y en la implantación de estos principios y la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad de Género en el ámbito educativo.
Se propone garantizar que el curriculum educativo, en sus contenidos y actividades, incorpore la formación en conocimientos y la generación de actitudes entre los jóvenes, que permita avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como la creación de una comisión de expertos en coeducación, que revise los libros de texto antes de su publicación para que respondan a los criterios de igualdad y no discriminación, con la incorporación de lenguaje no sexista e incluyendo la historia de la lucha por los derechos de ciudadanía de las mujeres.
En relación con los medios de comunicación, se propone estudiar la posibilidad de establecer un régimen sancionador para los medios de comunicación de Andalucía que incumplan los preceptos de las leyes andaluzas de Igualdad y Contra la violencia de género.
También se plantea que las subvenciones de las administraciones públicas andaluzas a medios de comunicación privados incorporen cláusulas que respeten el principio de igualdad y sean cómplices en la lucha contra la explotación sexual, y que los anuncios de contactos y prostitución sean considerados como publicidad ilícita. Asimismo, se propone promover la subida del tipo del IVA para publicaciones de contenidos sexuales explícitos consideradas exclusivas para adultos (pornografía).
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