La Plataforma de Comerciantes, Industriales y Profesionales Afectados por la Extinción de la Renta Antigua en Andalucía se ha presentado este jueves en Málaga con el fin de solicitar "una moratoria" en la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que supondría el cierre de casi medio millar de pequeños comercios de la provincia a partir del próximo 1 de enero. De hecho, se estiman unos 90.000 afectados en la provincia entre particulares y regentes de negocios y empresas.
"El objetivo de la iniciativa es impedir la destrucción masiva de empleo que impondría la entrada en vigor de la normativa, tanto en los centros históricos de las ciudades como en las zonas turísticas de la Costa del Sol", ha explicado en rueda de prensa Javier Gutiérrez Jerez, socio del despacho de abogados Martínez Echevarría.
En el año 1994, la Ley de Arrendamientos Urbanos introdujo una moratoria de 20 años que acaba al final del mes de diciembre, y que tenía como objetivo la protección de los comercios tradicionales y su mantenimiento en el tiempo, atendiendo así, a la situación económica que el país sufría en esa época.
Sin embargo, en la actualidad, "la situación económica que vivimos es bastante peor que la que llevó en 1994 a establecer la moratoria, por lo que se hace necesario que se vuelva a proceder a su aplazamiento, al estar suficientemente justificada", ha señalado.
"Los negocios familiares de barrios históricos, la mayoría de las veces regentados por personas de larga trayectoria que han resistido a la crisis económica más fuerte jamás conocida tras la Guerra Civil, son auténticos héroes empresariales, que difícilmente puedan soportar este nuevo zarpazo en forma de ley a partir del próximo mes de enero", ha aseverado Gutiérrez Jerez.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los principales afectados con la entrada en vigor de la nueva normativa "son los pequeños comercios tradicionales, los que mantienen el empleo en el sector comercial y no las grandes superficies, que vienen demostrando una pérdida de empleo progresiva en los últimos años".
La entrada en vigor de la nueva Ley supondrá "un aumento en el alquiler de estos locales que muchos de los actuales arrendatarios no podrán soportar, con el consiguiente cierre de estos establecimientos y la pérdida de muchos puestos de trabajo". En el caso de Málaga capital, los alquileres podrían multiplicarse hasta por 10 en tan sólo unas semanas, "lo que aumentaría la asfixia económica que ya padecen este tipo de comercio en la actualidad provocada por la crisis".
Desde el despacho de abogados Martínez Echevarría, se ha destacado además que la aplicación de la nueva normativa supondría también una "grave transformación de los actuales cascos antiguos de las ciudades", ya que su aplicación no sólo obligaría al cierre de comercios tradicionales que llevaban décadas instalados en estas calles, "sino que tendría un efecto negativo sobre el turismo, al verse afectada la identidad de estos espacios con la desaparición de este tipo de negocios".
HASTA 200.000 LOCALES AFECTADOS EN ESPAÑA
Aunque no existen datos concretos, se estima que el número de locales afectados en España por esta situación se sitúa en una horquilla entre los 100.000 y 200.000 locales.
"Para evitar que esto pase ha nacido esta plataforma, formada por afectados, y que va a luchar con las armas que la unión provee y toda la fuerza, para ser un interlocutor válido que haga ver a los legisladores las gravísimas consecuencias de su actuación, y por otro lado unirnos para formar un frente jurídico, que amparándose en la legislación vigente pueda dar una solución lo más definitiva posible", ha concluido.
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