La parlamentaria popular Esperanza Oña ha acusado este jueves a la Junta de Andalucía de haber aprobado el pasado 13 de noviembre en un Consejo Rector extraordinario de la Agencia IDEA destinar una partida presupuestaria de 900.000 euros a la defensa jurídica de los 16 miembros de esta agencia "paralela" de la Administración autonómica que están imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
Aunque el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha negado este extremo en el Pleno del Parlamento y ha contestado a Oña que en la Agencia IDEA "no existe ninguna partida destinada para pagar ninguna defensa jurídica a imputados" y que "lo único que existe es una póliza de responsabilidad civil" por parte de las aseguradoras de la agencia, la dirigente 'popular' ha insistido en que son precisamente "todos los andaluces" los que pagan a estas empresas.
"¿Quién paga a las aseguradoras si no es el dinero público de la Junta? ¿Quiénes son los perjudicados por los ERE? Todos los andaluces. ¿Quiénes van a pagar, por tanto, la defensa de los 16 imputados? Todos los andaluces", ha sentenciado Oña, quien también ha exigido explicaciones al consejero sobre "qué criterios fue el que siguió IDEA para "asumir este pago absolutamente incomprensible".
La diputada del PP-A también ha reclamado a Sánchez Maldonado que aclare si va a "cesar a su viceconsejero que es también el presidente del Consejo Rector de IDEA" y, ante la falta de respuesta por parte del consejero, le ha afeado que no le conteste y se vaya "por los cerros de Úbeda" en sus explicaciones.
"¿Piensa tomar alguna medida contra la corrupción dentro de IDEA ante esta decisión totalmente irresponsable y frívola, o no? ¿Va a pasar de puntillas o va a coger el toro por los cuernos?¿ Prefieren combatir la corrupción o van a pagar la defensa de los imputados?", le ha inquirido.
En su turno de réplica, Sánchez Maldonado ha recriminado a Oña que sólo se mueva en "la confusión de fango y lodo a la que nos tiene acostumbrados" y ha insistido en que "no hay ni habrá ninguna partida en IDEA para pagar la defensa de los imputados en los ERE". "Sí habrá
lucha por el cumplimiento de los compromisos contractuales de las
multinacionales", ha remachado sobre las aseguradoras.
En esta línea, ha recordado que existe "una póliza de responsabilidad civil que da cobertura a los imputados" y que, por tanto, "no se ha pagado ni un céntimo" en la defensa de los mismos. "Lo único que está haciendo IDEA es reclamar a las aseguradoras que cumplan con sus obligaciones contractuales. Y estas son las responsabilidades que les he exigido a IDEA: que vele por el dinero público y reclame y exija a las aseguradoras que cumplan con una póliza que ha contratado y pagado desde hace 21 años, y que tras la imputación de los directivos de IDEA, han incumplido unilateralmente alegando que la responsabilidad sea asumida por la otra compañía", ha agregado.
PSOE-A TAMBIÉN PREGUNTA POR LA PÓLIZA
Tras esta pregunta oral de Oña, el Pleno del Parlamento ha proseguido con otra cuestión sobre el mismo tema pero, en este caso, formulada por el diputado de PSOE-A José Juan Díaz Trillo, quien ha arremetido contra la 'popular' por "no entrar en el fondo" del asunto y en la póliza de responsabilidad civil y limitarse a seguir "en la furia y fango en el que chapotea el PP-A".
Como respuesta a la pregunta socialista relativa a la exigencia del cumplimiento de la póliza de responsabilidad civil de IDEA, Maldonado ha advertido de "si las compañías de seguro con las que la Agencia tenía contratada esta póliza hubiesen cumplido con sus obligaciones contractuales, tras la imputación de algún directivo y consejero, estas multinacionales tendrían que haber asumido el coste de las defensas, y con toda probabilidad no estaríamos hablando de este tema".
Por ello, ha indicado que, ante el incumplimiento de las aseguradoras ARCH y QBE, la agencia IDEA "primero estudió como tenían que reclamar a éstas el cumplimiento de sus obligaciones", después "las demandó ante los tribunales para exigirles el cumplimiento de las
coberturas de la póliza contratada" y, finalmente, "emprendió negociaciones para que estas aseguradoras asumiesen la responsabilidad que tenían suscrita entre tanto el proceso judicial llegaba a término".
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