La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), ha defendido este jueves ante el juez la legalidad de todos los pasos dados por el Ayuntamiento desde que en mayo de 2012 decidió secuestrar el servicio del transporte urbano de los autobuses ante los "incumplimientos" del contrato que "desde el primer momento" realizó Urbanos Amarillos, la empresa concesionaria del servicio.
En declaraciones a los periodistas a su salida de los juzgados, García-Pelayo ha explicado que ha comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de forma "voluntaria" --por su condición de aforada-- ante la querella interpuesta por sociedades de Urbanos Amarillos por un presunto delito de prevaricación y apropiación indebida.
Según ha insistido, su objetivo es demostrar que todos los pasos dados por el gobierno local en el secuestro del servicio y el posterior uso de la flota "se ajustan a derecho".
Para ello, la regidora 'popular' ha argumentado que las decisiones adoptadas relacionadas con el transporte urbano cuentan con "correspondientes informes técnicos" y los "avales" de las sentencias del Contencioso-Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y el informe "favorable" del Consejo Consultivo de Andalucía.
Asimismo, ha agregado que el TSJA acaba de denegar en un auto la resolución del contrato del Ayuntamiento con Urbanos Amarillos ante la denuncia de estos últimos.
En este sentido, la alcaldesa ha resaltado su "interés en aclarar" las actuaciones del Consistorio para evitar que se genere "incertidumbre" en un proceso que "no ha finalizado", ya que actualmente la relación contractual entre las dos partes está "en fase de liquidación".
Por ello, ha confiado en que este asunto "se resuelva cuanto antes" y la postura del juez sea "favorable" al Ayuntamiento, que una vez que finalice la liquidación del contrato "compensará a Urbanos Amarillos lo que tenga que compensar y Urbanos Amarillos compensará al Ayuntamiento lo que tenga que compensar" para poner "punto final" a un contrato que, en su opinión, "no se debió haber firmado nunca, al menos con esta empresa".
SUSCRITO POR GOBIERNO ANTERIOR DEL PSOE
En este sentido, García-Pelayo ha recordado que el PP cuando se hizo cargo del Ayuntamiento en 2011 se encontró con el contrato firmado de un servicio que "desde el primer momento no funcionada", señalando que el Consistorio "no podía quedarse de brazos cruzados" al tratarse de una competencia municipal y ante su obligación de "garantizar el transporte público".
Fue entonces, según ha explicado, cuando ante los "reiterados incumplimientos" adoptaron la decisión del secuestro, que "puso de manifiesto los problemas con Hacienda y Seguridad Social" de la concesionaria, que posteriormente solventó el Consistorio jerezano a partir de acuerdos para levantar los embargos, y el mal estado de una flota que "hubo que pintar y pasar las ITV".
La alcaldesa ha explicado también al juez que finalizados los dos años del secuestro, Urbanos Amarillos "no acreditó", como le pidió el gobierno local, que pudiera prestar el servicio, lo que hizo que el Ayuntamiento decidiera "rescatarlo" y "asumirlo" contando con un informe previo del Consejo Consultivo de Andalucía.
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