La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, presentó ayer en el Consejo Andaluz del Agua dicho anteproyecto de Ley, que saldrá a información pública durante la próxima semana y se prevé que sea remitido al Parlamento andaluz a principios de junio, informó la Consejería en un comunicado.
Según Castillo, el texto responde a los preceptos de la Directiva Marco de Agua e incorpora los contenidos del Acuerdo Andaluz por el Agua, que fue rubricado por las organizaciones y agentes sociales del Consejo Andaluz del Agua el pasado 3 de febrero.
Como figura pionera, la Ley andaluza recoge la creación del Observatorio Público del Agua para garantizar la transparencia y participación en la gestión del agua y contempla los bancos públicos del agua en cada demarcación o en su caso distritos hidrográficos, que permitirá asignar agua para usos de interés general sobre todo en situaciones de sequía.
Además, prevé la unidad de gestión de las aguas y de los sistemas de explotación, así como la revisión de los derechos concesionales y el establecimiento de un régimen tarifario que abarca a todos los usuarios del agua.
En un comunicado, ASAJA valoró el esfuerzo de la Consejería para trasladar el "espíritu del Acuerdo Andaluz por el Agua a un texto tan ambicioso y tan complejo" como la Ley de Aguas de Andalucía, pero observa "importantes defectos de forma y fondo inaceptables para esta asociación" y, por ello, presentará alegaciones a 18 de los 99 artículos del citado anteproyecto.
Por su parte, Coag considera que el anteproyecto incluye algunos aspectos "especialmente positivos" como la participación activa y la transparencia en la gestión, si bien considera negativo que en el orden de preferencias de usos desaparezca el concepto de "regadío", con lo que la agricultura andaluza "pierde un derecho histórico".
En una nota, la UPA valoró el texto, si bien anunció que presentará alegaciones a cuestiones puntuales para completarlo.
La Federación de Regantes Feragua denuncia, en una nota, que la nueva Ley "vulnera la legislación nacional y puede arruinar el regadío" y además cree "desafortunado" el tratamiento de la revisión de las concesiones y el Banco Público del Agua, que abre la "puerta a que los ahorros de la modernización del regadío se empleen en nuevos usos en vez de aumentar la garantía para todos los usuarios".
La Asociación de Regantes de Andalucía AREDA entiende que el borrador es "equilibrado y responde a las necesidades del sector agrario", si bien presentará alegaciones a aspectos de menor calado, y destaca que el cambio de uso en los derechos concesionales permitirá resolver las demandas de las termosolares.
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