Así lo expone el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza en el informe que envió ayer al juez Baltasar Garzón, a cuyo juzgado fue remitida la querella interpuesta hace un mes contra Alberto R. Gonzales, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005, cuando se convirtió en fiscal general de Estados Unidos; y otros miembros de la Administración de George W. Bush como David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.
“Sin perjuicio de considerar que las decisiones ejecutivas adoptadas pueden ser constitutivas conforme a nuestro derecho penal de delitos contra las personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado (...) la propia redacción de la querella, la amplitud de su objeto y el hecho de que esté dirigida exclusivamente contra quienes elaboraron informes jurídicos” dificultan su admisión a trámite.
A juicio de Zaragoza, es necesaria la delimitación de hechos concretos "pues en otro caso nos encontraríamos ante una especie de causa general dirigida a investigar toda la política desarrollada –por muy reprobable que ésta sea– por la anterior Administración de EEUU durante su mandato, absolutamente incompatible con los límites, exigencias y fines de proceso penal en un Estado de Derecho”.
Por ello, anuncia que, “a los efectos de establecer criterios jurídicos claros” que delimiten “las condiciones mínimamente exigibles para el ejercicio de la jurisdicción universal”, elevará “consulta a la Fiscalía General del Estado, al objeto de fijar la posición que debe adoptar la Fiscalía” en estos casos.
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