Luis Duarte, el abogado que representa a la familia de Torreblanca que ocupa en la plaza Domínguez Valverde una vivienda protegida de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Sevilla (Emvisesa), ha elevado al Juzgado de Instrucción número 17 un escrito solicitando que quede sin efecto la reciente providencia dictada merced a la "petición" de esta sociedad municipal y que resuelve el desalojo de la vivienda.
El escrito, recogido por Europa Press, expone que María Vargas y sus tres hijos menores de edad "se vieron en la necesidad de meterse y esconderse en esta vivienda", el primero B del bloque siete del número cuatro de la plaza Domínguez Valverde, en Torreblanca, "por su situación de extrema necesidad y exclusión social al carecer de medios para alquilar una vivienda libre y sufrir un miedo insuperable al venir huyendo de una situación de violencia general" e incluso un caso de "violencia de género", toda vez que la cabeza de familia cuenta sólo con los 365 euros mensuales de una prestación por incapacidad.
Ante el "desalojo inminente" de esta familia merced a una providencia dictada el pasado 16 de octubre "atendiendo a la petición formulada por Emvisesa en su escrito de acusación", el abogado de la familia ha pedido al juzgado que "deje sin efecto" dicha providencia y acuerde, como medida cautelar, "que no se proceda al desalojo hasta que no exista sentencia firme que resuelva el fondo del asunto, en atención a la función social de la vivienda (...) y el interés superior de los menores, que en este caso deben prevalecer sobre el derecho de dominio del propietario de una vivienda pública".
"Por encima del derecho del propietario público sobre la vivienda está el deber de la administración y de Emvisesa de cumplir la función social de la vivienda y que se apliquen medidas para su efectividad del derecho a la vivienda", expone el escrito avisando además de que "no es un simple caso de ocupación ilegal, sino una ocupación sin autorización administrativa por una necesidad y un miedo insuperable a perder la vida".
Igualmente, el escrito recuerda que el conflicto sigue pendiente de "un recurso de reforma y subsidiario de apelación", toda vez que "aún no se ha celebrado juicio ni evidentemente existe sentencia" sobre el acto en sí de la ocupación de esta VPO.
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