Por si no teníamos bastante con la trama Gürtel, el caso de los ERE, las tarjetas black, o Granados y compañía, la Guardia Civil nos desveló ayer un nuevo caso de corrupción bajo la denominación de “operación Enredadera” que va a contribuir a acrecentar nuestro descrédito hacia las instituciones públicas, desde el momento en que ya no se trata de un nuevo caso de corrupción política, sino que afecta directamente al sistema de gestión público y a quienes forman parte del mismo, en este caso, funcionarios y empresarios a los que se les van a imputar presuntos delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal, a partir de prácticas ilícitas que causaban un grave daño al interés público pervirtiendo, principalmente, procedimientos de adjudicación. La cuestión, en cualquier caso, no es que se trate de políticos o funcionarios, ni de que nos pese la duda de en cuántas otras instituciones se puede estar actuando de igual forma, sino de que las tramas corruptas corran siempre a cargo del erario público, esquilmado a unos u otros niveles, en función del acceso o capacidad de los implicados. Hacen falta más medidas de control y, muy especialmente, más contundencia a la hora de recuperar todo el dinero defraudado, que será como recuperar la credibilidad perdida en el propio sistema.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
