La oposición en el Senado y los grupos ecologistas han manifestado, en un acto conjunto en la Cámara Alta, su indignación y rechazo a establecer una prórroga de seis años a actividades prohibidas en Parques Nacionales, como la caza. Esta regulación fue incorporada por el PP al proyecto de Ley de Parques Nacionales, debatido y aprobado la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático gracias a la mayoría parlamentaria de los 'populares'.
Se trata de la polémica enmienda 278 que, en un principio, había sido diseñada por los 'populares' de manera que, según advirtieron en su momento los grupos ecologistas, dejaba abierta la posibilidad de permitir a perpeutidad estas actividades prohibidas en los parques. El Grupo Popular decidió posteriormente modificar su propia enmienda para establecer una prórroga de seis años. Es decir, estas actividades deberán finalizar en 2021, mientras que la legislación actual establece el fin de las mismas en 2017.
Los grupos de la oposición defenderán esta semana en el pleno de la Cámara Alta los vetos al proyecto de Ley --que ya fueron rechazados en Comisión-- por considerar que el texto es "inconstitucional e innecesario.
Durante el acto, el senador del PSOE Miguel Fidalgo ha criticado que esta reforma se haya realizado "para dar satisfacción a compromisos personales de Rajoy y Cospedal", a pesar de que "las comunidades autónomas, los municipios, los directores de los parques y el mundo científico se han mostrado en contra". A su juicio, esta enmienda 278 "agrava más la situación de los parques al permitir actividades incompatibles con la conservación de la naturaleza".
Por su parte, el senador de CiU Pere Maluquer ha denunciado que se trata de una norma, "inconstitucional". Además, ha señalado que esta nueva norma supone "una rebaja en el nivel de protección de los parques que pone en riesgo su homologación internacional".
"El PP ha realizado un diseño de estructura más similar a un organismo centralizador que quiere inmiscuirse en la dirección de estos parques, más que las comunidades y los municipios que están cerca de su territorio", ha criticado.
También desde Entesa, Joan Sabaté, ha recordado que el Consejo de Estado "ha pedido reconsiderar todo el texto" al detectar varios aspectos inconstitucionales y ha destacado que el hecho de que el PP presentara dicha enmienda "por urgencia" dice "mucho de la presencia de intereses privados que están siendo puestos por encima de una mayoría".
Finalmente, Enrique Iglesias, del Grupo Mixto, ha asegurado que la política medioambiental del PP "tiene dos principios: que todo sea rentable y que todo en la economía es susceptible de ser negocio". "Para el PP la naturaleza puede ser explotada para conseguir esa rentabilidad económica", ha declarado.
INTERESES PRIVADOS
Mientras, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruíz, ha asegurado, en nombre de ésta asociación, así como de WWF y Ecologistas en Acción, que es necesario que las leyes ambientales cuenten "con un mínimo de consenso". "Debe existir la voluntad política de que las actuaciones incompatibles terminen inmediatamente", ha exigido tras advertir de que, a su juicio, la enmienda 278 busca "contentar determinados intereses privados".
En la misma línea, ha pedido que se diseñe una hoja de ruta clara y un plan de financiación" para "mirar sólo por la conservación" de los Parques Nacionales. "Nuestra propuesta es crear un nuevo texto junto con los partidos de la oposición, así como un plan financiero para acabar con esas actividades incompatibles y poner en marcha un régimen de conservación total", ha concluido.
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