La Junta de Andalucía se ha personado en los últimos días como acusación popular en el crimen de Raquel Barrera, de 42 años, la última víctima de violencia machista en Jerez fallecida en la madrugada del pasado 6 de abril presuntamente a manos de su marido, J.A.C, quien se encuentra en prisión preventiva desde entonces. Así lo han confirmado a este periódico fuentes del caso, que sigue en la fase de instrucción en el Juzgado de Violencia de Género a la espera de la llegada de pruebas periciales.
En concreto, las partes aguardan una serie de informes forenses, entre ellos el de toxicología practicado al imputado, que tiene que ser remitido desde el Instituto Nacional de Toxicología, y es lo que está ralentizando esta fase. En cualquier caso, apuntan las mismas fuentes, las primeras pruebas realizadas en este sentido al esposo de Raquel ya descartaron que estuviera bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Sea como fuere, las pruebas pendientes tampoco aportarán cambios relevantes a la hora de calificar los hechos, después de que los testimonios de los agentes que hicieron el atestado y los sanitarios hayan sido determinantes para arrojar todavía más luz a un suceso que ya de por sí estaba claro. Hay que recordar que el presunto homicida avisó a la Policía y confesó los hechos en el acto.
De hecho, aunque inicialmente se habló de la intención de las partes de evitar el juicio llegando a un acuerdo entre las partes para evitar a la familia pasar por este trance, esta posibilidad ha perdido peso en los últimos meses y dependerá en última instancia de las acusaciones que formulen las partes. Además, tanto la Fiscalía como la acusación particular pedirán que los hechos sean calificados como un presunto delito de asesinato y no homicidio al entender que “no cabe otra calificación”.
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