El candidato del PSOE a la alcaldía de Los Barrios, Salvador Puerto, exige la dimisión inmediata de Jorge Romero como primer edil y lamenta –dice– “el colapso que va a sufrir el Ayuntamiento como consecuencia del error cometido por el equipo de gobierno al despedir como despidió hace casi tres años a 115 trabajadores indefinidos no fijos y en situación de interinidad”. El concejal socialista advierte una vez más de que “la situación económica en la que va a quedar la institución municipal debido a la pésima gestión de Romero y el PA, con la complicidad del PP, va a ser mucho más complicada de la que ya soportaba en 2011”.
Puerto califica de “patética” la rueda de prensa que el alcalde de Los Barrios ofreció el pasado miércoles, tras conocerse la resolución, firme y no recurrible, del Juzgado de lo Social Único de Algeciras que obliga a la institución municipal a abonar los salarios de tramitación a 33 de los trabajadores cuyas plazas fueron amortizadas en febrero de 2012. “El señor Romero brindó una nueva exhibición de su soberbia, su prepotencia, su chulería torera y, sobre todo, su ignorancia superlativa sobre legislación laboral. Actuó como si hubiera hecho oposiciones para ser juez de lo social y en esta materia fuera toda una eminencia; arremetió contra el magistrado del Juzgado de lo Social, de quien habló con una absoluta y total falta de respeto y contra el que insinuó graves acusaciones. Volvió a atentar contra el honor de los trabajadores afectados y, por si todo eso no fuera bastante, insultó la inteligencia de todos los barreños”, afirma el que será alcaldable en representación del principal partido de la oposición.
El candidato del PSOE recuerda que los socialistas "ya en su momento advirtieron de que los despidos tendrían consecuencias graves para el Ayuntamiento, pidiendo que no se recurrieran las sentencias de primera instancia del Juzgado de lo social Único de Algeciras y abogando por la apertura de un proceso de concertación social en el que estuvieran representadas las partes implicadas, equipo de gobierno, representantes sindicales y grupos políticos, como mejor salida a la situación generada”.
Puerto asegura que “la ejecución de las sentencias puede retrasarse pero no evitarse”. “Antes o después, el Consistorio tendrá que hacer frente a las resoluciones del juez y esto va a suponer un desembolso, no de 2,5 millones de euros, aparte de los costes de Seguridad Social, como hasta ahora, sino de más de 6 ó 7 millones de euros”, afirma. “Y no jugamos a ser adivinos. Simplemente nos basamos en los precedentes de los que se dispone en materia de jurisprudencia, en las propias resoluciones de la autoridad judicial y en los hechos”, recalca.
“En la jurisdicción de lo social, la ejecución provisional de sentencia en caso de despido nulo es un derecho que ampara a los trabajadores, no una triquiñuela como se atreve a afirmar el señor Romero, y este detalle debía de haber sido tenido presente por quien tomó la decisión de despedir a los ciento quince. Independientemente de lo que diga o haya dicho el TSJA, los autos de ejecución provisional tienen que ser acatados y cumplirse. Así que le recomendamos al señor alcalde y a sus asesores jurídicos que se lean la Ley que Regula la Jurisdicción de lo Social y la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional sobre el tema”, señala el concejal del PSOE.
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