Montecorto en Málaga, con 667 habitantes, y Dehesas Viejas en Granada, con 788, se acaban de convertir en Ayuntamientos independientes en el plazo de una semana entre uno y otro, en un proceso que parece ir en dirección contraria al que debería estarse dando si queremos homologarnos a nuestros socios europeos, y ello aunque sólo fuera por cuestiones económicas, pues van a entrar a engrosar la triste lista de los Ayuntamientos que se encuentran en el tramo más bajo en la participación de ingresos del Estado, con lo que las primeras consecuencias de estas segregaciones serán un aumento de gastos ordinarios, políticos y de representación por un lado y una reducción de un 30 % en sus ingresos provenientes del Estado por otro.
A cambio de todo ello dejarán de estar bajo el gobierno de sus actuales Ayuntamientos para pasar a estar bajo la coordinación y supervisión de las Diputaciones de Málaga y Granada, respectivamente. Es decir, pasarán de disfrutar de los servicios que les ofrecía un Ayuntamiento más grande situado a pocos kilómetros, con todos los defectos que pudieran tener, a pasar a no poder recibir más que aquellos que puedan pagarse entre ellos mismos y coordinados desde una institución de representación indirecta, a la que no podrán votar, ni a favor ni en contra, en ninguna elección, y además alejada entre 105 y 43 kilómetros, respectivamente. Creo que finalmente no será una medida que favorezca, precisamente, a los vecinos ni de Montecorto ni de Dehesas Viejas, con todo lo que les hayan podido decir, y el tiempo dará y quitará razones.
Es verdad que Andalucía no es la comunidad peor situada, pues sus ayuntamientos, quitando las ciudades de más de 50.000 habitantes para evitar las distorsiones que generan en los números finales, tienen una media de población de 5.520 habitantes, muy por encima de los 2.767 de España. Sin embargo, ahora ya son 535 de los 774 municipios andaluces, es decir 7 de cada 10, los que no llegan a los 5.000 vecinos, siendo éste el porcentaje de ayuntamientos que reciben menos ingresos del Estado con la actual Ley de Haciendas Locales.
Si hacemos una primera aproximación a una hipotética fusión de ayuntamientos andaluces, que sería el proceso lógico del que deberíamos estar hablando, (y no sólo aquí sino en toda España, realizada desde un prisma lógico, teniendo en cuenta extensiones, distancias y orografía) nos daría que la planta municipal de Andalucía no debería pasar de los 450 Ayuntamientos, es decir, un 42 % menos de los que tiene ahora.
Y los beneficios de esta unión son evidentes: por una parte, el ahorro en gasto corriente, duplicidades de servicios y sobrecoste en edificios municipales; y, por otra parte, el aumento de financiación por la participación en los ingresos del Estado, tanto al aumentar el coeficiente previsto en la Ley de Haciendas Locales al sobrepasar la gran mayoría de ellos los 5.000 habitantes como por el incentivo del 10 % adicional que establece la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Todo ello nos daría, aproximadamente -y hablando en cantidades mínimas- un total de entre 28 y 30 millones de euros anuales, a lo que habría que sumar el ahorro en sueldos, dietas, asignaciones y otros gastos de representación de los políticos municipales que no se han tenido en cuenta ante la diversidad existente, pero que supondría, junto con lo anterior, una cantidad disponible en torno al millón de euros por legislatura y Ayuntamiento resultante de la fusión, lo que traería consigo una mayor prestación de servicios públicos y la mejora de los existentes, con el consiguiente aumento de la calidad de vida de los vecinos.
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