El parlamentario andaluz de IU por Cádiz, Ignacio García, ha mostrado su satisfacción por la sentencia 317/2014 emitida por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz en la que se confirma la condena por derribo de la Casa de Las Cadenas de El Puerto de Santa María, declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
La sentencia firme emitida supone una desestimación de los recursos de apelación interpuestos por los procesados y ratifica las penas a los constructores que llevaron a cabo el derribo, al ex alcalde de El Puerto de Santa María, Hernán Díaz, al entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez y al Arquitecto Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Fernando Jiménez Fornell. Concretamente, la sentencia condena a los constructores, como “autores criminalmente responsables de un delito de daños contra el patrimonio histórico del art. 323 del CP a las penas, para cada uno de ellos, de prisión de un año y seis meses y la de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de profesión u oficio relacionado con la construcción y promoción inmobiliaria durante el periodo de la condena y la de multa de quince meses con una cuota diaria de 20 euros (9.000 € cada uno) con una responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas”. Asimismo, los condena, en concepto de responsabilidad civil “a la obligación personal de proceder a la reconstrucción del inmueble demolido, descrito en los antecedentes de esta sentencia, a su estado originario” y a indemnizar a la Junta de Andalucía “en la cantidad a determinar en ejecución de sentencia por los daños causados al patrimonio”.
En el caso de Hernán Díaz, Juan Carlos Rodríguez y Fernando Jiménez, los considera autores a cada uno de ellos de “un delito de prevaricación administrativa del art. 404 del CP” y los condena “a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años”. La sentencia libera asimismo, a Izquierda Unida del pago de las costas procesales derivadas de haberse personado en la causa.
El parlamentario de IU y en el momento en que se produjeron los hechos concejal y portavoz municipal de IU en El Puerto, Ignacio García, se ha mostrado satisfecho por la sentencia afirmando que “ha merecido la pena este largo camino”, a la vez que ha considerado “justo que se libere a quien ha ejercido la acusación particular, a quien alertó de los graves daños causados contra un bien público, de pagar las costas del proceso”.
No obstante, García ha lamentado que “se hayan necesitado nada menos que diez años para lograr un fallo en firme sobre este asunto” y ha considerado que “este tremendo retraso rebaja los efectos de la condena y le quita efectividad a lo que puede tener de disuasorio una condena de este tipo”.
El ex portavoz de IU en El Puerto incide en “la laxitud de las condenas a los dirigentes públicos corrompidos” y califica de “claramente insuficiente que delitos de prevaricación administrativa, que es una forma fina de llamar a la corrupción, se limite a la mera inhabilitación política, sobre todo en el caso concreto de Hernán Díaz, ya retirado de la política o a Juan Carlos Rodríguez”.
García considera que con este tipo de retrasos no se elimina el carácter disuasorios de las penas, porque “como se suele decir, que me quiten lo bailao”, apunta. Por otro lado, el diputado autonómico afirma que “no parece razonable la diferencia de tratamiento” entre las penas impuestas a los constructores y las que finalmente han recaído sobre los responsables políticos.
En este sentido, deja patente la defensa de Izquierda Unida al aumento de las penas en los casos de corrupción y la petición de mayor agilidad para este tipo de procesos. García afirma que Izquierda Unida estará atenta a partir de este momento en que se cumpla la parte de la sentencia que obliga a los constructores a resarcir el daño causado; “aun reconociendo la dificultad, vamos a seguir el tema; ya que habrá que ver dónde está el material procedente del derribo y si éste no existe, que se haga con otro equivalente”.
Hay que recordar que el derribo parcial de la Casa de las Cadenas fue llevado ante la Fiscalía por el Grupo Municipal de IU en El Puerto de Santa María, además de personarse posteriormente en el caso, debiendo aportar en su momento el correspondiente delante de la fianza, cantidad que la formación política confía en que también le sea devuelta.
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