Ecologistas en Acción lamenta que el presidente de la junta rectora, Antonio Perales, y la delegada provincial de Medio Ambiente, Gema Araujo, “boicoteen la elaboración de dicho informe utilizando todo tipo de maniobras”. En este sentido, los ecologistas señalan que “Perales retrasó casi dos años la convocatoria de la comisión que debería elaborar el informe, encargó su elaboración, de forma unilateral, al director del parque, excluyó a los cascos urbanos, e impidió que se trataran las actuaciones de los ayuntamientos y de la Consejería de Vivienda”.
Gema Araujo aseguró que existía un dictamen de la asesoría jurídica de su Consejería que determinaba que la junta rectora no era competente para la elaboración de dicho informe; “cuando Ecologistas en Acción logró un año después acceder a dicho dictamen comprobó con indignación que dicha afirmación era falso; muy al contrario recomendaba que el informe urbanístico fuera realizado por la Comisión de Desarrollo Sostenible”, apunta el colectivo conservacionista.
Ante lo que considera “un cúmulo de despropósitos, que sólo pretenden encubrir las ilegalidades urbanísticas que se vienen cometiendo en los municipios del parque natural”, EA presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo que ha sido admitida a trámite contra el presidente de la junta rectora y la delegada de Medio Ambiente, “por los reiterados incumplimiento de los acuerdos de este órgano de participación, por la negativa a aportar los informes requeridos y por la manifiesta negligencia al impedir que la Junta Rectora cumpla con sus funciones, entre la que se encuentra garantizar el cumplimiento de la legalidad”. Más aún, el grupo conservacionista remitió a Perales en enero un amplio informe sobre obras ilegales que se estaban realizando en el parque natural, sin que hasta el momento haya habido una respuesta.
En la última junta rectora, celebrada el pasado mes de mayo, los representantes ecologistas advirtieron al presidente y a la delegada que se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por omisión, ya que teniendo constancia de que se estaban vulnerando las normas legales en el Parque Natural, se negaban a tratar estas denuncias y a actuar para exigir la paralización de los proyectos urbanísticos ilegales, por lo que Ecologistas solicitó su dimisión.
Vísperas del encuentro
En vísperas de la reunión de la junta rectora del Parque, EA se ha dirigido a la Consejera de Medio Ambiente para solicitar que se requiera al presidente a que cumpla sus acuerdos e incluya en el orden del día de la reunión un punto para proceder a la elaboración de forma participativa del informe urbanístico aprobado por este órgano; que se advierta al presidente de la junta rectora de las consecuencias de la dejación de funciones; que se requiera al mismo y a la delegada provincial para “que cejen en su obstrucción” a la elaboración del informe sobre la situación urbanística de los municipios del Parque Natural; que se ordene a la delegada que responda a los requerimientos de información y documentación realizada por Ecologistas en Acción y se proceda a destituir al presidente de la junta rectora caso de seguir boicoteando los acuerdos de este órgano.
El colectivo conservacionista lamenta públicamente que los organismos que tienen encomendado el cumplimiento de las leyes y la defensa del parque natural “sean cómplices de estas ilegalidades que están provocando un impacto irreversible a este espacio natural protegido”.
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