El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, tiene previsto presentar el próximo 30 de octubre en comisión de Economía del Parlamento andaluz los resultados del análisis del conjunto de expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A, de forma que con la finalización del análisis "se cierra administrativamente este caso".
En una entrevista con Europa Press, el consejero recordó que tiene su palabra "empeñada" en dar los datos de esta investigación en sede parlamentaria y ha recordado que hasta ahora se han analizado 21 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A, por valor de 26 millones de euros, de los que en cinco ya tienen propuesta de resolución de reintegro en firme, con la propuesta de resolución de reintegro ya firmada, con reintegros que suman 4,9 millones de euros, cuando se llevaba aproximadamente un 40 por ciento del total analizado.
El análisis del resto de expedientes estará finalizado para finales de octubre, por lo que en el Parlamento darán el resultado de dicho análisis "y cerraremos administrativamente este caso", aunque ha recordado que los expedientes están siendo investigados judicialmente.
Maldonado ha precisado que por el momento la Consejería no ha recibido ningún recurso desde UGT-A, que se mostró disconforme con la cifra de 4,9 millones reclamada, aunque deja claro que el sindicato "está en su derecho como administrado de plantear discrepancias y desavenencias si no está de acuerdo, tiene sus mecanismos legales y administrativos para plantear su disconformidad".
Ya en comisión en septiembre, el consejero explicaba que en la Consejería actualmente se encuentran en diferentes fases administrativas 21 expedientes, por valor de 26 millones de euros, de los que cinco tienen propuesta firme de resolución de reintegro, de los que dos expedientes de ayudas pertenecen a la Dirección General de Relaciones Laborales, por 1,8 millones, y otros tres expedientes, tres nuevos expedientes de reintegro ya firmados, corresponden a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por 3,1 millones de euros. De esta forma, los cinco expedientes suman 4,9 millones de euros.
CASO ERE
Por otro lado, preguntado por los expedientes analizados de ayudas sociolaborales, el consejero ha indicado que "desde el punto de vista administrativo, este análisis lo tenemos cerrado, otras cosas es la vía judicial, por la que tenemos máximo respeto".
El consejero se ha remitido a su comparecencia en septiembre, donde indicó que la Junta lleva analizados 195 de los 211 expedientes de ayudas sociolaborales a empresas y ayuntamientos otorgadas al amparo del programa 31L, o ayudas por expedientes de regulación de empleo (ERE), y ha cifrado en 71 millones de euros la cantidad que los funcionarios consideran que debería ser devuelta.
El consejero ha indicado que por el momento la cantidad devuelta en periodo voluntario asciende a 1,2 millones de euros, mientras que en providencia de apremio se encuentran 22 millones de euros.
El consejero ha precisado que, debido a la elevada litigiosidad del proceso, existen un número importante de expedientes, por valor total de 24 millones de euros, que se encuentran suspendidos o paralizados cautelarmente en distintas instancias judiciales.
"Los administrados están litigando, aunque vamos a recuperar el dinero; hay 44 apremios entre los que están en providencia de apremio y los paralizados cautelarmente, pero hay que recuperar el dinero y el que no pague el apremio se procederá al embargo correspondiente, pero eso será lo que diga la Agencia Tributaria", ha añadido.
A día de hoy, los expedientes finalizados con dictamen y orden final son 195, de un total de 211 examinados y evaluados por los funcionarios, de los cuales 178 son expedientes finalizados con dictamen del Consejo Consultivo donde se planteó la revisión de oficio y quedó declarada su nulidad; cinco están finalizados con dictamen del Consejo Consultivo, que estima que no procede la revisión; 12 concluidos con dictamen de archivo en base al artículo 106 de la Ley 30/90 de procedimiento administrativo; un expediente también con orden final de archivo, en concreto el de Mercasevilla; 11 expedientes pendientes de reinicio por parte de la Consejería y cuatro expedientes con dictamen del Consejo Consultivo donde se plantea que debe esperarse a la resolución de la vía penal, de forma que "no podemos hacer nada administrativamente hasta que no se pronuncie la Justicia".
Sánchez Maldonado ha criticado la "evidente politización" de este caso por parte del PP, toda vez que "se salen de las vías del derecho administrativo y da lugar a valoraciones que se extralimitan siempre".
Tras recordar que "el valor de las irregularidades detectadas ascienden a 71 millones, no a 1.500 ni 800 millones", el consejero ha dejado claro que "me parecerá mal cualquier procedimiento que se haya desarrollado de forma irregular, ya sean 71 millones, 1.500 o un euro; no se debe hacer nada irregular y lo mal hecho me parece muy mal".
FAFFE E INVERCARIA
Por otro lado, el consejero ha indicado que espera que los auditores finalicen sus auditorías sobre la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe) a inicios del próximo año, y espera que no haya ni se detecten "grandes problemas", aunque está a la espera de lo que digan los técnicos.
La Junta ha empezado un proceso de fiscalización de la Faffe a través de la puesta en marcha de una auditoría de cumplimiento de esta fundación, analizando el período entre el 1 de enero de 2009 hasta el 3 de mayo de 2012. Así, se está practicando la revisión de documentos financieros, contables, se analizan las operaciones realizadas en ese marco temporal para "determinar si los procedimientos utilizados y medidas de control interno estaban acordes con las normas que se deben aplicar y si dicho procedimiento se ejecutó de forma efectiva para el logro de los objetivos", ya indicó en su momento el consejero.
Por último, el consejero ha defendido la existencia de los controles en Invercaria, la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, de forma que ha indicado que "ya se reforzó el control interno, se hizo fiscalización previa de todo y los entes Invercaria, junto a IDEA o Soprea están sometidas a todos los perejiles de control habidos y por haber".
Sánchez Maldonado ha recordado que en los proyectos de capital riesgo "dos de cada tres, más o menos, resultan fallidos, y en Invercaria algunos proyectos han funcionado y otros han fallado".
Ha recordado que el Tribunal de Cuentas "indicó que no había problemas contables con la gestión" y ha mostrado su "máximo respeto" con la actuación de la Justicia y al principio de presunción de inocencia.
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