La Consejería de Hacienda y Administración Pública, dirigida por María Jesús Montero, ha negado tajantemente que en la administración andaluza existan tarjetas de crédito para gastos de libre disposición. "En la Junta no hay tarjetas 'black' ni de ningún otro tipo", han señalado desde este departamento.
Así se ha pronunciado la Consejería en un comunicado, después de que el portavoz de Economía del PP en el Parlamento de Andalucía, Rafael Carmona, haya instado este lunes a la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, a que explique "cuántas tarjetas de crédito hay en el Gobierno andaluz".
Hacienda y Administración Pública ha lamentado que el PP-A vuelva a "sembrar dudas" sobre la gestión pública en Andalucía, a partir de un presunto caso de corrupción que nace de las interioridades de Caja Madrid, controlada por la Comunidad de Madrid.
"El Gobierno se ha esforzado por impulsar la transparencia como un eje transversal de actuación. No sólo por convicción de que la transparencia en la vida política y la rendición de cuentas contribuyen a fortalecer la democracia, sino por la necesidad de combatir cualquier sombra de duda sobre el mal uso del dinero público", añaden.
Según apuntan, en estos meses la Consejería de Hacienda ha puesto en marcha una batería de medidas adicionales para garantizar un mayor control de los fondos públicos y especialmente de las transferencias de financiación.
"Hemos incrementado las facultades de la Intervención, tanto en la fase de fiscalización previa, como en la fase de control financiero permanente, mecanismos que, en términos comparados, no existen en ninguna otra Administración. Además, se ha mejorado el control de las subvenciones, sobre los entes instrumentales y sobre el conjunto de la ejecución presupuestaria", agregan.
Desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública se ha criticado también que el PP-A vuelva a sembrar dudas sobre una comunidad que es "pionera" en mejorar el control del recurso público, y eficiente en el gasto, como demuestra que Andalucía sea en 2013 la comunidad con menos gasto corriente por habitante.
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