El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha criticado la reducción de las políticas activas de empleo, de forma que Andalucía "ha pasado de recibir 766 euros por desempleado en 2011 a 275 euros en 2014", tras lo que considera que se trata de una reducción "ideológica" con vistas a potenciar la privatización de los servicios de empleo.
En comparecencia parlamentaria en comisión, el consejero considera que "no se han conseguido los objetivos para reducir el desempleo" y lamenta que el Gobierno central "echa la culpa a Europa", cuando el Ejecutivo "ha recortado de forma drástica las políticas activas de empleo".
Ante eso, ha resaltado que Andalucía "sigue trabajando por evitar mayor efecto" de la merma, aunque lamenta que el Gobierno central "ha quitado 400 millones de euros en 2012, y se ha consolidado en el recorte en 2013".
De esta forma, ha apuntado que Andalucía "ha pasado de recibir 766 euros por parado registrado a 275 euros por desempleado", por lo que considera que ante esos datos "es muy difícil deducir que el problema del desempleo sea la principal prioridad del Gobierno central", ya que "este año se ha registrado un nuevo recorte, y ya van tres; es un nuevo hachazo, que coincide cuando más duramente castiga la crisis, especialmente a quienes no tienen nada".
Asimismo, considera que este recorte es "ideológico", cuenta con el "silencio cómplice y electoralista del PP-A", y pretende "potenciar la privatización de los servicios de empleo, potenciando las empresas de prestación de servicios de empleo, al asegurar partidas por 50 millones de euros para conveniar con las agencias privadas de colocación". "Estamos en contra de la privatización de los servicios públicos de empleo", ha aseverado.
No obstante, ha reconocido que el SAE "habrá que modernizarlo", aunque deja claro que "el 47 por ciento de desempleados andaluces se van a apuntar al SAE, en otras zonas el porcentaje es menor"
"Se podan derechos sociales y políticas públicas y derechos sociales y en ningún momento asumen responsabilidades", ha lamentado el consejero ante este "recorte ideológico".
Asimismo, considera que "el cambio de modelo de reparto nos trae un modelo discriminatorio, que supone cerca de 30 millones de euros menos en 2014, de forma que Andalucía recibirá 422 millones de euros menos, lo que supone un 60,5 por ciento de disminución de las políticas activas de empleo en comparación con 2011".
El consejero ha querido detenerse en el cambio en los criterios de reparto de las PAE, que se venían aplicando desde el año 2009. Según ha explicado, esos criterios tenían en cuenta factores correctores en función del territorio, de los demandantes de empleo no ocupados, de la población, o de las personas con discapacidad, factores que ahora desaparecen para dar paso a una distribución lineal de los fondos. "Esto es prueba evidente de que no hay nada más discriminatorio que aplicar la igualdad sin tener en cuenta la diversidad", ha apostillado.
COMPETENCIAS DE LA JUNTA, SEGÚN EL PP
El diputado del PP Daniel Castilla ha recordado que la responsabilidad del desarrollo y la ejecución de las políticas activas de empleo "la tiene la Junta".
Asimismo, se ha preguntado "dónde están los 571 millones para políticas activas de empleo que el Gobierno ha transferido a la Junta, donde los tiene guardados y no sabemos dónde están invertidos".
Ha recordado que "hay programas suspendidos durante años" y ha lamentado la "filosofía de la confrontación" por parte de la Junta, tras lo que ha criticado "la falta de ejecución e ineficiencia del Servicio Andaluz de Empleo". "El Gobierno andaluz es el que está fallando", asevera Castilla.
El diputado del PSOE Carmelo Gómez ha lamentado que "se estén confirmando las cifras negativas", con "la reducción drástica de fondos", de forma que "no se puede dar un servicio con garantías a los parados andaluces".
Considera que dicha reducción de las políticas activas de empleo es una decisión "política", que se efectúa "con la complicidad del PP-A", ante lo que insiste en la necesidad de "un gran pacto por el empleo" aunque cree que "eso es predicar en el desierto, pues al PP no le importan las personas".
"El PP ha roto el consenso social y la capacidad de llegar a acuerdo entre todos y eso ha generado desafección política", ha añadido Gómez, quien considera que al PP "le queda en el Gobierno lo que tarde en convocar las elecciones".
La diputada de IU Rosalía Martín considera que a la hora de repartir los fondos para políticas activas de empleo "se debería repartir en función del número de desempleados de cada comunidad autónoma".
Tras dejar claro que "de migajas no se pueden hacer milagros", Martín ha pedido que "se reorganice el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que dé respuesta a las demandas y necesidades de los desempleados".
Asimismo, aboga por "tener a la gente mejor formada al frente de las oficinas de empleo y que no se corra la voz de que las ETT ofrecen mejor servicio".
Martín cree que la Junta "debe priorizar, porque ni Rajoy ni el PP se va a hacer cargo de la situación de los parados andaluces".
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