Las monitoras administrativas de centros públicos de Educación han pasado en apenas dos semanas de estar “esperanzadas y contentas” ante el anuncio que desde el Parlamento andaluz hizo el Consejero Luciano Alonso, según el cual, los centros educativos contarían “con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de monitores escolares acorde con las necesidades de los centros docentes, plazas éstas que serán cubiertas con los criterios de igualdad, mérito y capacidad”, a la desesperación actual, pues llegado el final de septiembre, fecha esperada de notificación de readmisiones bien el colectivo de monitoras escolares, bien a sus abogados, no tienen anuncio alguno desde la Consejería de Educación sobre ello y solamente saben lo que el Sindicato Ustea les ha transmitido sobre lo tratado en la reunión de la Subcomisión de Educación celebrada el martes en Sevilla y de la que, en esencia, se traduce que hasta el próximo 14 de noviembre como mínimo no habrá buenas noticias.
El calvario laboral y judicial de este colectivo de profesionales de la Enseñanza pública dura casi dos años y las fuerzas y esperanzas parece ir abandonándoles. A través de Ustea han podido saber que la Junta ha anunciado que los monitores con sentencias favorables que obligaban a su readmisión o indemnización, así como aquellos con los que la Administración se ha allanado, ocuparán plazas según las referidas sentencias. Esto es, indefinidos no fijos a tiempo parcial y fijos-discontinuos.
Pero la incorporación ni será inmediata, ni se hará conforme estaba previsto, pues ya a la imposibilidad de incorporarse el día primero de septiembre se le suma el más que esperado deseo de hacerlo a primeros de octubre a tenor de lo expresado por el consejero se ha desvanecido. Ya se habla de una incorporación de forma escalonada alrededor del 14 de noviembre, es decir, un mes y medio más tarde del inicio de curso.
Ocurre que también los trabajadores con sentencias contrarias irán integrándose, posiblemente, antes de la fecha indicada, como sucede en el caso de la provincia de Córdoba, con varias incorporaciones que se prevén muy próximas. Así, esas plazas se añadirán a la Relación de puestos de trabajo (RPT) y serán ocupadas por los trabajadores mencionados.
Ustea también señalaba que la Junta se está planteando crear una bolsa complementaria a la de vacantes en las que tienen intención de dar cabida a los monitores de centros privados que no han denunciado en los juzgados, algo que requeriría la unanimidad de las partes, a saber, administración y sindicatos.
Concluye Ustea que “la Junta, amparada y apoyada en sus graves errores de gestión, hace una apuesta política que consolida e impulsa el empleo precario en su Administración”, por lo que las 34 monitoras escolares con sentencias favorables de la capital gaditana y las 78 del conjunto provincial, de momento seguirán otros 45 días sin cobrar, pues los puestos que les corresponden seguirán cubiertos por trabajadores eventuales hasta el próximo 14 de noviembre, al menos.
La experiencia de estos monitores escolares que la Junta no quiere “que se pierda” y que acreditan las 34 profesionales que denunciaron en la capital gaditana y cuya readmisión avala y obliga la sentencia 154/14 de 5 de mayo sobre lo sustanciado en el juicio de 22 de abril se hará esperar, pues la ejecución de la sentencia se atrasa de nuevo.
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