Cuatro exaltos cargos de la Junta de Andalucía imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se han acogido este lunes a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, tras lo cual ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han solicitado medida cautelar alguna para los imputados.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, ante la magistrada, han comparecido los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a quienes la juez había citado en relación a las irregularidades en los ERE de Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.
Cabe recordar que el abogado de Justo Mañas presentó recientemente un escrito en el que pidió a la juez que "aclare" el auto en el que acordó continuar con la instrucción e imputar a 20 personas, así como ampliar la imputación a otros encausados, a fin de que explique si las anteriores diligencias son urgentes o manifiestamente necesarias, todo ello después de haber elevado la exposición razonada al Tribunal Supremo.
La instructora también había citado este lunes al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien no ha comparecido debido al fallecimiento de su madre durante el pasado fin de semana, y a la exdirectiva de Vitalia María Vaqué, que tampoco ha comparecido ante la magistrada.
Para este lunes también está prevista la declaración del exconsejero de Innovación Martín Soler, citado a declarar porque, "realizado un repaso de las medidas cautelares sobre los imputados que han declarado, se observa que a Martín Soler no se le imputó expresamente la autorización de pago de la subvención de Avantia Ticsa, concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación".
"A tales efectos", y "para declarar sobre estos extremos", la magistrada instructora citó a declarar a Soler, que ya tuvo que comparecer ante la juez el pasado día 17 de junio, aunque se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que Alaya le imputara dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones solicitó medida cautelar alguna para el imputado.
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