El mismo día en que Chaves hacía efectiva su renuncia como presidente y parlamentario andaluz, el pasado martes, el presidente del PP-A, Javier Arenas, reclamó que se celebren elecciones “anticipadas y separadas” porque el próximo presidente, José Antonio Griñán, “no cuenta con la legitimidad” de las urnas.
“legalidad” por el parlamento
Según la teoría de Arenas, cuando Griñán sea investido presidente de la Junta por el Parlamento tendrá la “legalidad” que le otorga la ley, pero no la “legitimidad” de las urnas.
Incluso anunció que, tras la investidura, su partido solicitará en la Cámara la celebración de elecciones anticipadas.
La teoría es compartida por la dirección nacional del PP, cuya secretaria general, María Dolores de Cospedal, cree que la mayoría de los andaluces desean volver a elegir a su presidente tras la marcha de Manuel Chaves al Gobierno central.
“Con Andalucía no se juega. No es una monarquía, aunque alguien se crea que es el Rey Sol”, llegó a esgrimir esta semana Arenas.
La pretensión de Arenas fue replicada el día de su despedida por Manuel Chaves: “Recomendaría a los dirigentes del PP que se lean bien la Constitución y el Estatuto, porque al presidente de la Junta lo elige el Parlamento autonómico, que es donde radica la voluntad de los andaluces. El Parlamento es tan representativo cuando elija al nuevo presidente como cuando me eligió a mí”.
Este argumento está siendo ya repetido y utilizado por los dirigentes socialistas para contrarrestar el debate que quiere abrir Arenas en la sociedad andaluza.
Javier Arenas apoya “con todas las consecuencias” a los chiringuitos
El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, proclamó su apoyo “con todas las consecuencias” a los propietarios de los chiringuitos de playa y ha dicho que estos establecimientos no molestan al medio ambiente y generan trabajo. Arenas indicó que Andalucía “no está en situación de desperdiciar ninguna fuente de riqueza” como los chiringuitos y explicó que de ellos dependen 40.000 familias en la comunidad. Recordó que actualmente existen en la comunidad 300.000 familias cuyos miembros no reciben ningún tipo de ingresos y que de llevar a cabo las medidas que pretenden contra estos locales playeros este número alcanzaría a las 340.000 familias en la región. El dirigente popular incidió en que en este tema no hay “medias tintas” y que su apoyo al sector “es total”.Medio Ambiente pretende que se aplique la Ley de Costas en cuanto a la ubicación de estos establecimientos fuera de la superficie de la playa.
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