El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha informado de la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá abordar la recalificación de los terrenos de la desaparecida Fábrica de San Carlos (FSC) tras ser firmada por la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Con ello, el desarrollo de los suelos ocupados por la antigua Constructora tienen vía libre para que se inicie en sus 130.000 metros cuadrados una operación urbanística en la que se construirán unas 800 viviendas, un 30 por ciento de ellas de ámbito protegido.
Loaiza recordó que el desarrollo de estos terrenos estuvo frenado por el anterior Gobierno del Estado liderado entonces por el PSOE de Zapatero. “Ha tenido que ser con un ejecutivo del PP en el Gobierno de Madrid cuando se le haya permitió al Ayuntamiento afrontar el desarrollo de este nuevo espacio de desarrollo para nuestra ciudad”.
A lo que se refiere el alcalde de San Fernando es a la negativa del Ministerio de Defensa a negociar con el Ayuntamiento de San Fernando después de que el anterior alcalde, Manuel de Bernardo, decretara una reserva de suelo sobre toda la zona de Fadricas, incluidos los terrenos de los Polvorines, ahora afectables por el Plan Litoral de la Junta de Andalucía.
No obstante, la situación se normalizó en la primavera de 2011 cuando Defensa aceptó sumarse a la reserva de suelo antes de ser expropiada por el Ayuntamiento.
En los terrenos de Fábrica San Carlos se han dado otros condicionamiento que llegaban directamente de los técnicos de Defensa y no de los políticos, ante las pretensiones del gobierno del PA y del PP del pasado mandato de construir nueve bloques de pisos que ponían en peligro la seguridad aérea y la de las propias instalaciones militares, fácilmente observables desde esas alturas.
El Pleno del pasado mes de junio dio luz verde a la aprobación provisional de esta modificación de Plan tras su tramitación administrativa y la correspondiente elaboración de los informes que desde la Dirección General de Urbanismo y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se habían exigido para validar una operación urbanística más matizada que la original.
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