La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, explicaba ayer que los principales objetivos de la nueva ley será premiar el ahorro, penalizar el derroche, aunque recoge que será en su posterior desarrollo cuando se determinará el canon o nuevo precio.
Aún así, adecuando el principio de recuperación de costes a partir de 2010 incluido en la la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea, el precio del agua deberá ser acorde con su uso efectivo y se facturará por consumo en lugar de por superficie, y lo recaudado tendrá un carácter finalista, de forma que se reinvertirá por completo en proyectos de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento y en la protección y regeneración de las masas de agua.
El principio de recuperación de costes se concretará en la figura del "canon de mejora de infraestructuras de depuración", que hasta ahora se aplicaba en el ámbito de la financiación de inversiones locales y ahora se generaliza para la financiación de las infraestructuras hidráulicas.
Este canon estará compuesto por una cuota fija para usos domésticos de 1 euro al mes por usuario y una cuota variable que oscilará entre los 0,10 y los 0,40 euros mensuales por metro cúbico según el agua consumida, y para determinar el nivel de consumo se tendrá en cuenta el número de miembros que convivan en el domicilio.
Los usos no domésticos tendrán un tipo de 0,25 euros por metro cúbico, según la consejera de Medio Ambiente.
La nueva norma, redactada partiendo del Acuerdo por el Agua, suscrito por unanimidad el pasado 3 de febrero por los cuarenta representantes de las distintas Administraciones y agentes sociales una vez culminado el traspaso de competencias sobre todas las cuencas hidrográficas de la región, incorpora la creación de Bancos Públicos de Agua, que permitirán adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlo en otros usos, y el establecimiento de un sistema de tarifas por tramos para usos domésticos para incentivar el ahorro y penalizar el consumo abusivo.
Los Bancos de Agua permitirán asignar aguas para usos de interés general y hacer frente a situación de sequía, según ha informado la consejera, quien ha añadido que propiciará, por ejemplo, que los recursos provenientes del ahorro provocado por la modernización de regadíos puedan destinarse a otros usos.
La Administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso para mejorar el estado ecológico de las masas de agua, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica y ceder recursos a las entidades supramunicipales o a otros usuarios por el precio que en cada caso se acuerde.
Planificación hidrológica
En cuanto a la planificación hidrológica, el texto ordena la prioridad de los distintos usos del agua teniendo en cuenta los criterios fundamentales de garantizar las necesidades básicas de consumo humano, el buen estado ecológico de los recursos y el mayor valor añadido en términos de empleo y riqueza.
Se establece así una escala preferencia encabezada por los usos urbanos domésticos y seguida por los urbanos no domésticos en actividades económicas de bajo consumo, los no urbanos en actividades económicas, los urbanos en actividades económicas de alto consumo y, finalmente, el resto de los aprovechamientos.
Aunque la futura ley mantendrá la preeminencia competencial de diputaciones provinciales y entidades locales en la regulación del ciclo del agua, también incluye directrices para fomentar la gestión compartida de los servicios públicos de abastecimiento, saneamiento y depuración a través de organismos supramunicipales, principalmente los denominados Consorcios de Aguas.
La Junta ya tiene firmados acuerdos de colaboración con 20 corporaciones locales para mejorar la calidad en la prestación del servicio de agua y la dotación de nuevas infraestructuras del ciclo urbano del agua en cada ámbito territorial.
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