El comité de empresa de 'Vinnell-Brown & Root Spain' (VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe por sus siglas en inglés), se reúne este martes de nuevo con la dirección de la compañía, para negociar el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que promueve esta empresa estadounidense sobre los trabajadores españoles de la base aérea.
Javier Domínguez, portavoz del comité de empresa de VBR, ha explicado a Europa Press que esta reunión se celebrará a partir de las 10,00 horas en la sede de la delegación territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Después de que VBR haya planteado un despido colectivo, el tercero desde 2010, con 55 despidos e indemnizaciones de 20 días por año de servicio, el mínimo que admite la legislación laboral, el comité de empresa propondrá a la directiva de VBR "un plan de viabilidad" que reduciría el número de despidos y un "plan social" destinado a incrementar la cuantía de las indemnizaciones, una vía gracias a la cual quizá "hubiese voluntarios" para acogerse al expediente de regulación de empleo.
"ES FACTIBLE" REDUCIR EL NÚMERO DE DESPIDOS
"Este plan es factible", defiende Javier Domínguez, quien no obstante rememora la absoluta falta de acuerdo que rodeó a la negociación del ERE de 2013, saldado con 66 despidos, porque sospecha que tampoco en esta ocasión VBR estará "en disposición de bajar el número de despidos". Finalmente, ha considerado positivas las últimas declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en torno al conflicto laboral, dado que a su juicio la batalla contra este nuevo despido colectivo debe librarse también desde el plano institucional.
En ese sentido, ha dicho que por lo que respecta al Ministerio de Defensa, dirigido por Pedro Morenés, "las negociaciones no van por muy buen camino, que digamos".
Esta nueva tanda de despidos, por cierto, llega mientras el Tribunal Supremo (TS) tiene aún pendiente de resolver el recurso promovido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara "no ajustado a derecho" el expediente de regulación de empleo consumado por VBR en 2013 con 66 despidos, sentencia que sin embargo no anula tales despidos.
EL CONFLICTO DE LA BASE
Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.
Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.
EL TERCER ERE
Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE para que, en conjunto, los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.
De cualquier manera, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarase "no ajustado a derecho" el ERE de 2013 al atisbar incluso aspectos como un "incremento de tareas en determinados departamentos", los 66 trabajadores despidos a través de este procedimiento recurrieron ante el Tribunal Supremo a la búsqueda de la nulidad de los despidos, si bien la plantilla afronta ahora un nuevo conflicto con este tercer expediente de regulación de empleo anunciado por VBR.
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