La Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Industria que reinicie la tramitación del plan técnico nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT) por considerar que "afecta gravemente" a competencias autonómicas al "obligar a las comunidades a abrir una banda para comunicaciones móviles y a suprimir completamente un canal múltiple autonómico de TDT".
El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha remitido una carta al secretario de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, en la que solicita la convocatoria del Pleno de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Catsi) con el objetivo "reiniciar la tramitación" de este proyecto de Real Decreto "contando con las comunidades autónomas".
En un comunicado, Jiménez Barrios ha criticado que el Gobierno central ha adoptado este plan "sin reunirse con las autonomías representadas en el pleno del Catsi ni tener en cuenta las alegaciones que Andalucía realizó en 2012 al primer borrador del Real Decreto", en el que alertaba de que "las decisiones previstas en el borrador actual afectan a la distribución de competencias entre Estado y Andalucía y contiene medidas que afectan grave y directamente a las competencias de la comunidad en materia de comunicación social".
En este sentido, el consejero ha lamentado que una de las iniciativas propuestas sea la eliminación de uno de los canales múltiples autonómicos de la TDT, previsto en el vigente Plan Técnico Nacional. En su opinión, se trata de una "intromisión competencial del Estado en el ámbito audiovisual andaluz" que además "limita las posibilidades de desarrollo real de esta industria, impidiendo la coexistencia en el territorio de Andalucía de proyectos empresariales públicos y privados diversos".
TRATO DISCRIMINATORIO RESPECTO CATALUÑA
Junto a ello, Jiménez Barrios ha advertido de que dicha supresión "supone también un tratamiento discriminatorio para Andalucía, ya que el borrador permite a Cataluña la disposición de un canal múltiple adicional privado, mientras que le arrebata a Andalucía el segundo múltiple privado".
Por otra parte, la Junta reclama al Estado tener competencias para gestionar la documentación de los prestadores autonómicos y locales del servicio de televisión y para mediar en los conflictos de gestión que surgieran entre las entidades que participan en los canales múltiples de la comunidad.
Finalmente, el proyecto también regula algunos aspectos para la liberación del dividendo digital, sobre el que el Gobierno andaluz considera "imprescindible el establecimiento de las compensaciones económicas a la ciudadanía para su implantación, tal y como recoge el plan nacional de actuaciones para la liberación del dividendo digital".
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