Andalucía

Operación Horus: cien águilas imperiales menos

Al menos cien polluelos en riesgo no han sido rescatados y se ha descartado la cría en cautividad del águila imperial, los principales efectos de una operación que confundió la protección de una especie con el expolio

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  • Dos ejemplares -

Ni una prueba sólida. Ni siquiera un indicio. Tres años después de la mediática operación Horus, en la que supuestamente la Guardia Civil desmantelaba una red dedicada a expoliar nidos de aves rapaces protegidas, el balance es una incidencia directa en uno de los programas más reconocidos de especies en extinción: unos cien pollos de águila imperial no han sobrevivido en estos tres años, motivado por el hecho de que la investigación identificó directamente cualquier actuación sobre los huevos o polluelos como una actividad delictiva. Y aunque el programa ha seguido activo e incluso la población adulta de águila imperial se ha incrementado, lo cierto es que el censo de esta especie en extinción podría ser mucho mayor si no se hubiera “montado en falso” un caso que ha terminado en archivo judicial.
 

Aquel verano de 2011, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en materia medioambiental, el Ucoma, iniciaba la operación Horus, que los principales afectados no sólo recuerdan como desproporcionada en los medios empleados (“parecíamos narcotraficantes”, recuerdan), sino con indignación, puesto que nunca hubo un indicio ni una prueba que indicara que se había cometido delito alguno. Se sienten “vapuleados e impotentes” ante este atropello de las fuerzas de seguridad y de la justicia, pero lo que más les duele es el daño que directamente se le ha inferido al Programa de Recuperación del Águila Imperial en Andalucía, lo que ha provocado que un centenar de polluelos de esta especie amenazada no hayan salido adelante y la población no se haya recuperado en el volumen que se habían marcado sus responsables.
 

Una parte esencial de ese programa era el rescate de huevos o polluelos en grave riesgo para su posterior reintroducción en el medio natural. Sin embargo, esta práctica era la que la Guardia Civil consideraba en sus investigaciones, a pesar de los informes contrarios de la propia Consejería, como la clave de la red de expolio y tráfico de aves rapaces protegidas. Tras la mediática operación Horus y la imputación de los principales responsables del programa, la práctica del rescate se redujo al mínimo. Desde la propia Consejería, el director general de Gestión del Medio Natural, Javier Madrid, asegura que la población de águila imperial ha seguido creciendo (hasta las 94 parejas nidificando en 2014) pero, sin dar cifras concretas, afirma que “podríamos tener más águilas y el censo sería mayor” si el rescate de los polluelos en riesgo hubiera continuado al ritmo habitual. Sí que ponen cifras aquellos que trabajan en el programa, que elevan hasta un centenar los polluelos que podrían haberse salvado y ponen como ejemplo los datos del año 2011, cuando aumentó la mortalidad en nido un 400 por cien tras la mediática operación.
 

Horus dejó más que tocado el programa de recuperación del águila imperial y, sobre todo, el apartado destinado a su cría en cautividad, focalizado en el Centro de Cría de San Jerónimo (Sevilla) y que desde la Consejería de Medio Ambiente reconocen que la técnica sí que se ha abandonado. Antes de la operación Horus nunca se había conseguido que el águila imperial criara en cautividad y aunque los ejemplares que se encontraban en el centro se rescataron ex profeso con ese objetivo, la irrupción de la Guardia Civil paralizó por completo esta opción de recuperación. Desde la Dirección General de Medio Natural reconocen que en su momento, tanto la Junta como el propio Ministerio, apostaron por esta técnica que ahora se ha desestimado por falta de resultados satisfactorios y de presupuesto. El Centro de Cría se mantiene abierto con una veintena de ejemplares y bajo el cuidado de técnicos de Medio Ambiente, aunque fuentes cercanas al programa consideran que al menos 15 de ellos podrían haber sido devueltos al medio natural.
 

El programa también contaba con la participación de numerosos propietarios de fincas, con los que se firman convenios para la vigilancia de la especie y la actuación en caso necesario (hacking o cría campestre a través de nidos artificiales). Según la Consejería, existen en la actualidad 60 convenios firmados y 9 en tramitación, aunque fuentes cercanas al programa cifran en 80 los acuerdos que estaban firmados en 2011 cuando irrumpió la operación Horus y que alcanzaban las cien mil hectáreas. Estos convenios, recuerdan, permitían que, por ejemplo, los equipos de campo pudieran estar 24 horas y durante quince días seguidos pendientes de los pollos para actuar si fuera necesario.
 

La operación Horus también ha afectado a la confianza de los propios agentes de la Consejería. Las fuentes del programa recuerdan que, tras tres denuncias anteriores todas archivadas, los responsables eran especialmente meticulosos con la documentación de todos los ejemplares. “Todo estaba en regla”, relatan, pero eso no impidió que la Guardia Civil les acusara “sin indicios ni pruebas” y que el juez incluso autorizara hasta pinchazos telefónicos y registros que no concluyeron en nada. “Si a nosotros nos hicieron eso, que éramos exquisitos, que nunca perdimos la cadena de custodia con ningún ejemplar, es normal que los compañeros se lo piensen antes de ser valientes”, relatan los afectados, extremo que hasta confirman desde la propia Consejería.
 

La Junta lamenta que se haya cuestionado el trabajo de los profesionales

 

El director general de Gestión del Medio Natural, Javier Madrid, ha lamentado que se haya “cuestionado” el trabajo de los profesionales de la Consejería de Medio Ambiente tras la operación Horus, además del daño al propio programa del águila imperial.

Para Madrid, el archivo judicial pone en evidencia que “no había absolutamente nada y el proceso se estaba llevando a cabo correctamente. El seguimiento, el control y la trazabilidad estaban bien hechos, el programa es un éxito y estaba bien ejecutado”. “Ni entendían ni querían entender”, reconoce el director general al hablar de la actitud de la Guardia Civil “de Madrid”, puntualiza recordando la colaboración habitual con el Seprona.
 

Tras el archivo judicial, ha descartado que la Junta pida responsabilidades y ha asegurado que “daremos la oportunidad” a los afectados de volver al programa si lo desean porque “nunca hemos perdido la confianza en ellos”.

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