El PP-A ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de "manipular y maquillar de forma muy chapucera" los datos de las listas de espera sanitarias, añadiendo además que la deuda con los proveedores sanitarios "supera con mucho" los mil millones de euros, aunque según datos de la Oficina de Control Presupuestario de la Junta, consultados por los 'populares', se sitúa en 317 millones.
Así lo han indicado en rueda de prensa los portavoces de Sanidad del PP-A en el Parlamento y en el Senado, Ana Corredera y Jesús Aguirre, respectivamente, quienes han pedido la comparecencia de la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en el Parlamento para que informe sobre estas cuestiones al inicio del próximo periodo de sesiones.
Corredera ha explicado que, según el informe de la Asociación Defensor del Paciente, Andalucía es la comunidad que lidera el ranking en listas de espera, aunque si uno entra en la web de la Consejería del ramo "se puede ver una supuesta comparativa de elaboración propia del SAS, con unos datos que no sabemos de dónde salen, y que hacen que Andalucía no sea la última comunidad en este ranking".
Según estos datos "maquillados", son 320.712 los andaluces que se encuentran en estos momentos en lista de espera: 195.996 esperando a una consulta con un especialista, 95.752 esperando una intervención quirúrgica y 28.964 esperando una prueba de diagnóstico. "Desde el PP-A no nos creemos estas cifras porque las reales son mucho peores", ha añadido Corredera.
Tras afirmar que el aumento de las listas de espera está poniendo de manifiesto los recortes en sanidad, la popular ha advertido de que la espera de una primera consulta con un especialista es "imperdonable" e impropia de una "sanidad del siglo XXI". En su opinión, existe un "cuello de botella" entre la atención primaria y la especializada que pone "en peligro" la salud de los andaluces.
Junto a ello, Corredera ha dicho que su partido quiere conocer la memoria de los servicios concertados para saber cuántas personas se han operado en la concertada por sobrepasar el tiempo de espera máximo, así como también qué medidas se van a tomar desde el Gobierno andaluz para reducir las listas de espera.
FACTURAS EN LOS CAJONES
Por su parte, Jesús Aguirre ha alertado de que la Junta sigue teniendo facturas de proveedores sanitarios "guardadas en los cajones". "La Junta no paga y está anclada en la cultura de la morosidad endémica", ha afirmado el senador popular, quien ha insistido en que el Gobierno andaluz debe "más de lo que dice y tarda aún más en pagar".
En este contexto, ha dicho que lo único que ha pagado la administración andaluza ha sido a través de lo que ha recibido del Plan de Pago de Proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por lo que ha sido el Gobierno de la Nación quien le ha sacado "las castañas del fuego". "La Junta jamás paga", ha subrayado.
Aguirre ha explicado que ha recibido informes de tres empresas que proveen material sanitario y farmacéutico a la Junta y que la deuda total con sólo estos tres proveedores supera los 800 millones, con lo que la cifra debe aumentar significativamente si se añadieran el resto de proveedores sanitarios de la Junta. El popular se ha referido a Farmaindustria, Fenin y la Federación de Asociaciones de Medicamentos Huérfanos y Ultra-Huérfanos.
Ha advertido también que todas estas empresas tienen facturas sin pagar de años anteriores a 2014, por lo que la Junta no las ha incluido en el Plan de Proveedores, "sino que permanecían ocultas en los cajones". Ante ello, ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "coja el toro por los cuernos" y ponga fin a esa "morosidad endémica", a través de un nuevo plan de pago a proveedores.
Finalmente, Corredera ha denunciado el "cinismo" del Gobierno andaluz al pedir al Ejecutivo central que apoye la subasta de medicamentos y que retire el recurso que tiene interpuesto. Según ha indicado, es la Junta la que "confronta" y la que perjudica claramente a los ciudadanos con una iniciativa "discriminatoria" porque rompe el "mercado único" y supone una "perversión del principio de solidaridad".
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