La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha sacado a licitación el otorgamiento de una autorización administrativa para la construcción, gestión y explotación de un aparcamiento en superficie para vehículos en los aledaños del muelle Reina Sofía, en la dársena comercial de Cádiz.
Según explica la APBC en una nota, con este aparcamiento el organismo portuario busca cubrir la demanda de los clientes de la actividad portuaria, así como la propia realidad poblacional de la zona urbana, además de atender las necesidades de la zona hostelera del paseo Pascual Pery Junquera, favoreciendo su desarrollo, y de apoyar la actividad comercial del casco histórico.
Destaca que la iniciativa permitirá, asimismo, dotar al casco histórico de nuevas zonas de aparcamiento que favorezcan la implantación de nuevos carriles para bicicletas.
El aparcamiento se localiza en la zona de dominio público portuario en una parcela de unos 15.000 metros cuadrados adyacente al muelle Reina Sofía. Tendrá acceso directo desde la calle Nuevo Mundo y estará independizado de la actividad portuaria mediante la instalación de un nuevo cerramiento.
La autorización se otorgará por un plazo máximo de tres años, en función del estado de ejecución de la actuación urbanística prevista en la zona Pascual Pery-muelle Reina Sofía tras el traslado de la terminal de contenedores de este muelle a su futura ubicación en la nueva terminal en construcción.
Debido a que uno de los principales objetivos del aparcamiento es favorecer el desarrollo del comercio del casco antiguo y responder a las necesidades de residentes y trabajadores del entorno, la Autoridad Portuaria plantea en el pliego un tipo de plazas con tarifas reducidas para abonos a este tipo de usuario.
También, y con el fin de atender la demanda de los clientes de los locales del paseo Pascual Pery, se solicita otro tipo de plazas que facilite el acceso a estos usuarios las noches de los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivos.
El pliego recoge, asimismo, que haya plazas para autobuses, bicicletas y uso público en general. Otra de las cuestiones que valorará la Autoridad Portuaria será la contratación de trabajadores en situación de exclusión social o con discapacidad.
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