La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha exigido nuevamente al Gobierno central que retire el anteproyecto de reforma de la ley del aborto ya que el texto propuesto vulnera la capacidad de decisión de las mujeres, supone un riesgo para su salud sexual y reproductiva y abre la puerta a la inseguridad jurídica de la que ya fueron víctimas los profesionales sanitarios.
Esta petición se realiza después de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no haya incluido en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada este lunes, esta reforma a pesar de que cinco comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco) habían solicitado con antelación que ese punto se incluyera en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Igualdad, cuando se trata de una medida que afecta claramente a los derechos de las mujeres.
Antes de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Silvia Oñate, ha reiterado que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo actual es una ley "garantista y progresista" que apuesta por los derechos y las libertades de las mujeres, garantizando siempre la adecuada asistencia a la mujer antes y después de la intervención. Por el contrario, la reforma planteada únicamente responde a la demanda ideológica de sectores minoritarios ultraconservadores y no a ninguna demanda social", ha advertido.
Para la responsable del IAM, "la actitud del Ministerio obviando la inclusión de este punto en el orden del día de la Conferencia de Igualdad supone un claro déficit de voluntad de diálogo". Para Oñate, el cambio de esta normativa para volver a un sistema de supuestos supone "un ataque y una regresión en la libertad de las mujeres y no reducirá el número de abortos, sino que contribuirá a que florezcan métodos clandestinos de interrupción voluntaria del embarazo que pondrán en peligro la salud de las mujeres".
Con la actual Ley, se han reducido los embarazos no deseados en un 5,04 por ciento, si se comparan los datos de 2012 con los del año anterior. Por su parte, con el nuevo texto que plantea el Gobierno central, más del 91 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo que se hacen en España deberían dejar de producirse en el país, según un informe de la Junta de Andalucía. Esto supone que se realizarían fuera de España o se harían de forma insegura, por lo que dejaría muy desprotegidas a las mujeres más vulnerables.
El anteproyecto tampoco establece regulación sobre la estrategia de salud sexual y reproductiva y, por tanto, la educación en este ámbito que es fundamental para evitar embarazos no deseados y prevenir prácticas de riesgo.
La Ley de 2010 posicionó a España al nivel de países del entorno y reconoció el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad libre y responsablemente. La mayoría de los países europeos reconocen el aborto por libre decisión de la mujer entre las 8 y las 24 semanas en función del país (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, etcétera) y otros lo permiten por indicaciones tan amplias que en la práctica supone la libre decisión de la mujer (Inglaterra, Finlandia e Islandia). En Europa sólo dos países (Irlanda y Polonia) mantienen una legislación limitada a situaciones de riesgo vital para la mujer y uno (Malta) lo prohíbe totalmente.
FONDOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En la reunión de este lunes se ha determinado igualmente el reparto de fondos para el desarrollo de programas y servicios destinados a las víctimas de violencia de género y los menores. A este respecto, la directora del IAM ha subrayado que los fondos "son claramente insuficientes" y ha recordado que desde el año 2011 los Presupuestos Generales del Estado han ido disminuyendo esta partida, a pesar de que se trata de un problema estructural ante el que es necesario actuar de forma permanente y con los máximos recursos.
VÍCTIMAS DE REDES DE TRATA
En la Conferencia Sectorial se ha abordado además la necesidad de avanzar en la atención a mujeres víctimas de redes de trata, precisamente en Andalucía se trabaja desde años en la atención a estas víctimas de explotación sexual. En este sentido, la línea de subvenciones que se destina para entidades que atienden a estas mujeres se mantiene en los últimos años.
En 2012, la Junta de Andalucía destinó 265.000 euros a este ámbito y, en 2013, la subvenciones para la atención de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual se eleva a 276.000 euros.
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