La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía y responsable del Área de Vivienda, Alicia Martínez, ha alertado este domingo del "caos" en la gestión de las viviendas sociales de la Junta, promovido por la política del "todo vale" de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien, "amparada" por la presidenta, Susana Díaz, ha instaurado la "ley de la selva" en el acceso a la vivienda en Andalucía.
Esto es, según ha señalado Martínez en un comunicado, "patada en la puerta e irregularidades frente a la legalidad y el derecho de las familias sin recursos". Todo esto surge a raíz de conocer que un total de 86 familias han ocupado una edificio en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde su alcalde, Víctor Mora (PSOE), ha acusado al Gobierno andaluz de "no servir para nada" en política de vivienda.
En este sentido, Martínez ha recordado que el PP-A ya avisó del "peligroso precedente" que sentó la consejera Cortés cuando "vulneró el derecho de las familias en lista de espera para ser realojadas en vivienda social, colando a las familias de la Corrala Utopía de Sevilla".
"La primera culpable de esto es la presidenta de la Junta, que no fue capaz de tomar las riendas de una situación que ya se está extendiendo al resto de la Comunidad", ha censurado la 'popular', quien ha incidido en que "ni Cortés ni Díaz están haciendo nada para facilitar el acceso a una vivienda a quienes más lo necesitan cuando es titular de más de 80.000 viviendas en alquiler en toda Andalucía".
Asimismo, ha advertido de la "anarquía" que reina en el parque público de vivienda social de la Junta de Andalucía, ya que, según Martínez, "en muchos casos no se cobran los alquileres y se venden incluso entre vecinos".
Para la dirigente 'popular', "este caos y descontrol es consecuencia de la opacidad con la que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) gestiona el parque social de vivienda", una agencia que "ya fue condenada en un juzgado por la arbitrariedad en la concesión de ayudas a los inquilinos", ha añadido.
REUNIÓN CON AFECTADOS VPO
Por otra parte, la diputada 'popular' y el portavoz parlamentario, Carlos Rojas, han mantenido esta semana una reunión con afectados por las Viviendas de Protección Oficial (VPO), quienes solicitan a la Junta de Andalucía que "se les reconozcan las ayudas concedidas a la compra de vivienda" y que "AVRA les ha estado denegando a pesar de que cumplían los requisitos".
Así las cosas, Martínez ha apuntado que el propio Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una resolución en la que le pide a la Consejería que "rectifique" en las resoluciones de denegación de estas prórrogas de subsidiación, a la que "los propietarios de VPO que reúnen los requisitos al amparo de planes de vivienda anteriores tienen derecho". Esta decisión de rectificar las resoluciones denegatorias es competencia de la Junta de Andalucía y ya ha sido adoptada en otras comunidades autónomas.
El PP-A presentará una iniciativa en el Parlamento andaluz que recogerá "todas las demandas del colectivo", la petición de que "se publiquen los requisitos para acceder y permanecer en una vivienda social de la Junta, que hasta la fecha no se conocen", así como que "se emprenda un plan para garantizar la dignidad de las mismas y la accesibilidad, mediante un programa de conservación y mantenimiento".
PIDE A CORTÉS "COLABORACIÓN" CON AYUNTAMIENTOS
Igualmente, Martínez ha exigido a la consejera "colaboración" con los ayuntamientos, porque "los vecinos llaman a la puerta de los alcaldes, poniendo de manifiesto el fracaso del Programa en Defensa de la Vivienda, otro eslogan de la Junta que no funciona ni da respuestas a las familias".
"La consejera Cortés, que se ha autoerigido en defensora de los hipotecados, no se ha dado por enterada, ni ha movido un sólo dedo por ellos, a pesar de ser beneficiarios de viviendas sociales, que suelen ser familias con recursos limitados que de otro modo no podrían acceder a una vivienda", ha concluido.
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