La titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 12, la capitán Patricia Moncada, ordenó el pasado fin de semana el ingreso en prisión de un legionario de Ronda, según ha adelantado esta semana el diario El País. Contando la jueza el respaldo de la Fiscalía castrense, el militar entró en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid) por su presunta participación en los malos tratos a prisioneros de guerra en la base de las tropas españolas en Iraq a principios del año 2004. Según informó este viernes Málaga Hoy, el militar fue detenido en su vivienda de Arriate el sábado de la semana pasada.
La prisión preventiva ordenada por la jueza ha causado un considerable revuelo en el Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, la base rondeña de la Legión, por si pudieran producirse nuevas detenciones al aparecer en un vídeo que hizo público el diario El País distintos militares golpeando a prisioneros de guerra durante una operación militar.
Los hechos que se le imputan a este militar se remontan concretamente a principios del año 2004, durante el despliegue de tropas españolas en Iraq. Las imágenes, que hizo en su día públicas el citado diario, muestran al menos a tres soldados españoles golpeando a patadas a un prisionero capturado. Los hechos ocurrieron en la conocida base de Diwaniya.
Tras hacerse público ese video, el Ejército de Tierra abrió una investigación cuyo resultado fue trasladado a la Justicia militar, que durante 15 meses ha estado trabajando en el esclarecimiento de los hechos para depurar responsabilidades. El País ha declarado en varias ocasiones como testigo amparándose siempre en el secreto profesional para no revelar sus fuentes.
Aunque en el video no se podía reconocer ninguno de los rostros de los miliares que golpeaban al detenido, en abril un legionario dio un testimonio que resultó determinante para identificar a los participantes en esa agresión.
La prisión ordenada tras reconocerse a este primer legionario es inédita, al ser la primera vez en la historia de la democracia española que un militar entra en la cárcel acusado de un delito contra las leyes y usos de la guerra. El Código penal militar castiga con una pena de 10 a 25 años de prisión al militar que intencionadamente cause la muerte o lesiones graves, torturas o trato inhumano a un prisionero de guerra.
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