Los últimos cuatro arrestos se practicaron a lo largo de la tarde de ayer en El Ejido, apenas 24 horas después de que estallase la operación a raíz de la denuncia de un empleado de la oficina que señalaba a tres policías --dos de ellos en segunda actividad-- y dos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno como integrantes de una trama que garantizaba agilidad en la tramitación de permisos de trabajo y residencia a cambio de cantidades de dinero que no se han precisado.
Los primeros datos apuntan a que las cuatro personas detenidas en el municipio de la Comarca del Poniente almeriense están vinculadas a la Agencia Tributaria y a una asesoría laboral. Las mismas fuentes precisaron que, de momento, no se ha ordenado la puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería de ninguno de los supuestos implicados, a los que se acusa de comisión de un presunto delito de cohecho y otro de falsedad documental.
Dos de los tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía y parte de los funcionarios detenidos se negaron ayer "en ejercicio de un derecho constitucional" a responder a las preguntas de los efectivos del servicio de investigación interna desplazados desde Madrid. Entre ellos, se encuentra un subinspector de policía al mando de la unidad destinada a la Oficina de Extranjería. La misma determinación adoptaron los dos funcionarios adscritos a la Subdelegación del Gobierno central.
Las mismas fuentes precisaron que la denuncia de la que deriva la actuación del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía parte de un empleado de la Oficina de Extranjería de Almería, quien comunicó las presuntas irregularidades de forma directa a la Dirección General en Madrid y al que atribuyen "una relación muy tensa" con el policía que ostenta la jefatura en esta oficina, también detenido.
En esta línea, aseguraron que, de momento, los precedentes de las "malas relaciones" entre denunciante e implicados aconsejan poner la veracidad de los hechos "en cuarentena" al tiempo que expresaron su desacuerdo con la intervención del servicio de investigación interna, que calificaron de "calamitosa" ya que, a su juicio, "en el peor de los casos se trataría de una sanción administrativa".
En concreto, revelaron que en noviembre de 2008 el citado trabajador fue denunciado por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que, pese a que sólo se le imputó por presunto cohecho, prestó declaración en sede judicial y se dictaron contra él medidas preventivas consistentes en la personación en el juzgado.
La presunta red de estafa a inmigrantes habría aprovechado la existencia de listas de espera de hasta dos meses para la obtención de las tarjetas y permisos de residencia y trabajo en España para ofrecer a los interesados la posibilidad de agilizar los trámites a cambio de una remuneración económica cuyos importes no han trascendido por el momento.
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