La portavoz de Vivienda del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, Alicia Martínez, ha mostrado su "respeto" este sábado por el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya archivado la denuncia de Manos Limpias contra la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, por presunta prevaricación por los realojos de la Corrala Utopía en Sevilla, indicando que desconoce los términos de la denuncia que se presentó y los fundamentos manejados por el TSJA para su decisión, aunque cree que se han producido "errores de procedimiento". Además, indica que la Justicia "no se ha pronunciado sobre el delito de usurpación de la vivienda".
En este sentido, ha anunciado que el día 1 de julio están citados para poder ver los expedientes de la Corrala, "algo solicitado ya hace dos meses", mientras que ha insistido en que los ciudadanos "dan la espalda a una consejera radical", mencionando a la responsable de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que "sólo favorece a los suyos, como los de la Corrala y que plantea programas de fomento de la vivienda vacíos". "No sabemos si el tema hay que defenderlo en los tribunales, pero sí ante los ciudadanos, teniendo en cuenta que en Sevilla capital hay 300 personas baremadas en situación de exclusión social para acceder a una vivienda", añade.
Así, se ha preguntado si se pondrán entre los requisitos para acceder a una vivienda el "haberla ocupado antes" o si en el baremo se tendrá en cuenta "el haber dado una patada en la puerta". "No se responde desde la Junta a por qué hay viviendas para estas personas y no para todas las que acumula la lista de espera", insiste, instando a que se diga "cómo se ha realizado, cuánto tiempo estarán y si es definitivo".
Martínez, que ha calificado la política de vivienda social andaluza como un "fracaso", ha recordado que existen "más de 100.000 andaluces esperando una VPO, en venta o en alquiler, pero sólo han sido 17 las familias afortunadas, las de la Corrala, y por el método de la patada en la puerta".
"Cortés ha hecho muchos anuncios pero nada efectivo, con cero viviendas iniciadas entre 2012 y 2013, cero convocatorias de ayudas al alquiler y la derogación de la ayuda para la adecuación funcional de la vivienda", añade, asegurando que "sólo" se ha hecho un Programa de Defensa de la Vivienda, "que se limita a informar", y una Ley de Función Social de la Vivienda, "que no garantiza en absoluto la vivienda".
Así, apunta al Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler (PIMA), que "esperaba sacar entre 6.000 y 7.000 viviendas al año y, desde su puesta en marcha a finales de 2013, ofrece a los arrendatarios en su buscador web 12 viviendas de seis municipios en toda Andalucía". Martínez menciona localizaciones en Almería capital, con cinco viviendas ofrecidas; en Algar y Chiclana, en Cádiz, una vivienda por localidad; dos viviendas en Córdoba capital; y tres en la provincia de Sevilla, una en La Rinconada y dos en la capital.
Además, este programa planteaba una red de agentes colaboradores, de los que asegura que se han acreditado 37, "una cifra ridícula ante la cantidad de agentes inmobiliarios que hay".
PP PIDE "INVESTIGAR LA OPACIDAD" DE AVRA
Igualmente, Martínez recuerda que el Defensor del Pueblo ha reclamado a la Consejería de Fomento la información sobre la aplicación la totalidad de los fondos recibidos del Estado para el pago de ayudas a inquilinos, sobre el número de expedientes que están pendientes de pago de forma total o parcial, sobre el número de las últimas dotaciones presupuestarias que se han realizado, si se ha elaborado un calendario de pagos o qué soluciones se iban a adoptar.
"Cortés no ha contestado a ninguna de estas cuestiones. Está es la transparencia de la Junta", incide, mencionando la sentencia que "da la razón a un ciudadano que reclamaba su ayuda al alquiler, desestimada por falta de disponibilidad presupuestaria después de conocerse que se concedieron ayudas posteriores". Aquí, indica que el Defensor insta a "respetar el principio de igualdad" y recomienda "ordenar una investigación".
Ante esto, anuncia que el PP va a pedir en una iniciativa parlamentaria que se abra una investigación dada la "opacidad" de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), "una empresa que no presenta sus cuentas y que, según el informe de la Cámara de Cuentas, ha desviado 50 millones de euros de Ayudas a Familias e instituciones sin ánimo de lucro para pagar intereses de su deuda financiera y otras obligaciones". "Esa es la consejera que dice que no hay que estar a los pies de los bancos", sentencia, añadiendo que "ha colocado en su organigrama a 80 personas seleccionadas por ellos".
En la misma línea, critica que "no se publique" la oferta de viviendas protegidas, ya que "la quitaron de la página web y en estos momentos nadie puede saber donde están las viviendas que ofrece la Junta", tras lo que ha lamentado que "la transparencia brilla por su ausencia" en un parque público de 80.000 viviendas. "La Consejería se ha caracterizado en este tiempo por hacer muchos anuncios mediáticos pero por no llevar a cabo ninguna medida efectiva, sufriendo un parón absoluto en todos sus frentes", concluye.
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