El Partido Popular quiere que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo garantice al menos cinco millones de euros cada año en sus presupuestos para financiar las ayudas previstas en el decreto-ley de medidas de reducción de trabas administrativas para las empresas.
Así lo reclama en las 19 enmiendas parciales que ha presentado el Grupo Popular al proyecto de Ley que fue convalidado el pasado 14 de mayo como decreto-ley por el Pleno del Parlamento andaluz con su abstención y el apoyo de PSOE-A e IULV-CA, socios en el gobierno de la Junta.
En dichas enmiendas, consultadas por Europa Press, el PP-A también propone que la solicitud de autorización para la puesta en marcha de una actividad económica deba realizarse "en un único centro administrativo", de forma que "corresponda a la administración autonómica remitirla al órgano competente" en caso de recaer en diferentes centros.
Junto a ello, los 'populares' plantean que "la normativa reguladora de ayudas contemple un plazo permanentemente abierto de solicitudes de ayuda, teniendo como límite únicamente la dotación presupuestaria anual aprobada", de forma que la posibilidad de beneficiarse de ayudas para la creación de empresas "no esté condicionada a un determinado plazo".
El decreto-ley de medidas para la reducción de trabas administrativas para las empresas permite simplificar 64 trámites derivados de la normativa autonómica y que afectan al inicio o al desarrollo de la actividad económica. Además abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar actividades económicas inocuas a efectos de licencias municipales y refuerza las funciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía para incorporar las relativas a la regulación económica.
De los 64 procedimientos recogidos, 23 son autorizaciones administrativas que se sustituirán por el trámite de 'declaración responsable', que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad; 22 pasarán a requerir tan sólo una comunicación previa, limitada a la notificación, y los 19 restantes se eliminarán totalmente. Todos ellos se suman a los 85 ya simplificados por la Junta desde el año 2011, lo que hace un total de 149.
En mayor o menor medida, la norma aprobada considera que estas autorizaciones no están justificadas por razones de interés general o son innecesarias o desproporcionadas. Entre las que se simplifican o eliminan, las más numerosas corresponden a actividades económicas relacionadas con la salud y los servicios sociales, el medio ambiente y el juego y los espectáculos públicos. De este modo, se incluyen las relativas a la construcción o creación de centros de servicios sociales; el establecimiento de horarios especiales en hostelería de hospitales, aeropuertos y estaciones de servicio, o el uso y aprovechamiento de terrenos forestales.
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