La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha garantizado este jueves ante el Pleno del Parlamento que en Andalucía no se van a subir los impuestos ni se van a crear otros nuevos, apuntando que la solución ante un objetivo de déficit "injusto y arbitrario" no puede ser la subida de impuestos.
En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno, Susana Díaz ha señalado, en respuesta a una pregunta del portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, sobre los presupuestos andaluces para 2015, que la solución para hacer frente al objetivo del déficit no puede ser "volver a cargar más presión fiscal en las espaldas de ciudadanos que ya no pueden más". "No se puede gravar más a los que más están aportando y que son los que más necesitan la sensibilidad de un Gobierno", ha indicado Díaz.
La presidenta ha expresado que discrepaba con el planteamiento de Castro relativo a decisiones en los presupuestos de la comunidad de 2015 "sobre política fiscal respecto a los ingresos propios".
Díaz ha insistido en la voluntad de su Gobierno, si los ingresos lo permiten, de hacer un presupuesto "expansivo" para 2015 y ha garantizado que sus prioridades estarán cercanas al sentir y a las necesidades de los andaluces.
Entre esas prioridades, se ha referido a la necesidad de consolidar la reactivación económica y que se genere empleo de calidad y estable; a la apuesta por un modelo de crecimiento sostenible; a la necesidad de aumentar la cohesión social y luchar contra la desigualdad; y a recuperar los derechos perdidos por los empleados públicos, que fueron interrumpidos por las medidas de ajuste del Gobierno del PP.
Asimismo, Díaz ha insistido en criticar que el Gobierno central haya decidido "devolver alegremente" a Bruselas tres décimas del objetivo de déficit de este año, en lugar de repartirlo entre las comunidades, que son las que soportan el coste de los servicios públicos esenciales. Ha indicado que esas tres décimas supondrían unos 450 millones de euros para Andalucía, lo que permitiría restituir de manera inmediata el complemento adicional de las pagas extras de los empleados públicos.
No obstante, la presidenta ha reiterado que su Gobierno restituirá ese complemento de cara a 2015 y se compromete a avanzar, una vez que se conozcan las entregas a cuenta procedentes del Gobierno central, en el objetivo de restaurar el 25 por ciento de jornada del personal sanitario.
Ha lamentado que el Ejecutivo nacional haya "prescindido alegremente" de 4.300 millones (las tres décimas del déficit y con la anticipación de la devolución de parte de los 40.000 millones que se destinaron a reflotar el sistema financiero), demostrando así que solo atiende a los mercados y no está preocupado por devolver derechos a los ciudadanos.
Asimismo, ha reprochado al Gobierno central que siga manteniendo un límite en la tasa de reposición de empleados públicos y que se niegue a modificar de manera urgente el sistema de financiación autonómica.
Por su parte, el portavoz de IULV-CA ha pedido a la presidenta que los presupuestos de la comunidad para el próximo año se tienen que hacer de manera coordinada y compartida desde el minuto cero entre los dos socios de gobierno y ha indicado que a su formación no le constan en este momento esas directrices del anteproyecto de gasto que el Gobierno autonómico tiene que remitir, al parecer, antes del 1 de julio al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Ha indicado que independientemente de las consideraciones que se puedan hacer sobre el camino recorrido, si la Consejería de Hacienda y Administración Pública ya ha elaborado un documento presupuestario será más complicado realizar aportaciones sustanciales sin que rompan el equilibrio de esa propuesta homogénea. Ello puede suponer, a su juicio, una dificultad añadida a las dificultades que ya impone el Gobierno del PP.
Entre las prioridades de las cuentas del próximo ejercicio, Castro se ha referido a la necesidad de ayudar y paliar la pobreza y el deterioro de los servicios públicos esenciales, apuntando que es perentoria la renta básica; a la creación de empleo y cambio de modelo productivo, y a que la decisión sobre techo de gasto "debería llevar implícita decisiones sobre política fiscal respecto a los ingresos propios".
Asimismo, ha indicado que la apuesta por la recuperación de derechos de los empleados públicos debe ser acompañada de un catálogo completo de los derechos lesionados; de una cuantificación de los mismos, y de la incidencia en la prestación de los servicios públicos esenciales.
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