La diputada autonómica del PP Ana María Corredera ha reiterado hoy la petición al Gobierno andaluz para que asuma "responsabilidades políticas" por el presunto uso fraudulento de fondos para formación, tras conocerse hoy una nueva ronda de detenciones relacionadas con este proceso judicial.
"Una vez más nos tenemos de enterar de los escándalos a través de los juzgados y de los medios de comunicación porque aquí nadie asume ninguna responsabilidad política", ha deplorado Corredera en rueda de prensa.
La dirigente popular ha valorado que la investigación judicial "sigue avanzando" y que "la verdad sigue saliendo a la luz", pero ha calificado de "lamentable" que, en su opinión, la presidenta andaluza, Susana Díaz, "no actúe" contra la corrupción y que su socio de gobierno, "siga mirando para otro lado, calle y otorgue, y no exija ninguna responsabilidad política".
Corredera ha recordado el reciente rechazo de PSOE e IU a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades en el uso de estos fondos y ha lamentado que la Cámara autonómica "sea un mero espectador" en relación a este escándalo.
"Pedimos que de una vez por todas se asuman las responsabilidades políticas pertinentes", ha espetado la dirigente popular, quien no ha descartado que este asunto centre la pregunta de control de su grupo a la presidenta andaluza en el Pleno parlamentario de esta semana.
Corredera ha añadido que el Grupo Popular "no va a renunciar a su derecho" de volver a pedir la creación de una comisión de investigación en la Cámara andaluza sobre este asunto en el nuevo el nuevo periodo de sesiones tras el verano y ha instado a IU a apoyarla.
La Guardia Civil ha detenido esta mañana a diez personas tras los registros realizados por orden del juez sevillano que investiga las presuntas facturas falsas de UGT sobre fondos de formación.
Fuentes de la investigación han informado a Efe de que los diez detenidos son responsables de las empresas registradas y extrabajadores de UGT y que están relacionados con la presunta utilización por este sindicato de facturas falsas para justificar los fondos de formación que recibía de la Junta de Andalucía.
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