La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes una fianza de responsabilidad civil de 11.182.767 euros para el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, que ha comparecido como imputado ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
Fuentes del caso han informado de que el imputado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido para él una fianza civil de 11,1 millones de euros y que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas del sector del corcho vinculadas al imputado que recibieron las ayudas de la Junta.
En este sentido, las mismas fuentes consultadas por Europa Press han indicado que la acusación que ejerce la Junta de Andalucía se ha adherido a la petición de la Fiscalía.
De su lado, la defensa del imputado ha considerado "sorprendente" la petición de fianza civil realizada por Fiscalía y Junta, ya que "saben que eran ayudas para el sector del corcho" en una zona "deprimida" de la provincia de Sevilla y que, además, "estaban basadas en resoluciones" de la propia Junta.
En este sentido, el abogado de Ángel Rodríguez de la Borbolla se ha opuesto a la solicitud de fianza civil argumentando que "no es el momento procesal oportuno", que todo el dinero recibido se invirtió en las empresas dedicadas a la manufactura del corcho y que, por ello, el imputado "no se ha enriquecido personalmente".
LA IMPUTACIÓN
La juez imputó a Ángel Rodríguez de la Borbolla en marzo de 2012 por medio de un auto en el que destacaba que, "mediante un sistema de entramado de empresas dedicadas a la manufactura del corcho y ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla habría obtenido, con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para las que fueron concedidas, ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo y que oscilarían alrededor de los 9.009.108 euros con cargos a los fondos públicos y a través de la agencia IDEA".
Este imputado intervino el 24 de septiembre de 2012 en la comisión de investigación sobre los ERE creada en el Parlamento andaluz y defendió que no se ha beneficiado ni directa ni indirectamente a título personal de un solo céntimo de las ayudas destinadas por la Junta para los planes de viabilidad de empresas del corcho en la Sierra Norte.
"Siempre he tenido la convicción de que las ayudas eran absolutamente legales porque resultará impensable que la Junta las ofreciera si no lo fueran y jamás tuve el menor indicio de lo contrario", indicó el exalcalde, al tiempo que añadió que todas las cantidades percibidas se han destinado a las empresas en crisis y de ninguna manera se trataba de empresas creadas 'ad hoc' para recibir subvenciones, como se ha llegado a decir, sino que son empresas que ya existían e intentaban hacer realidad el plan de industrialización de la Junta en una comarca deprimida.
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