El Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha decretado el embargo de un vehículo marca Audi y una vivienda propiedad del exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 2.142.722,15 euros que le impuso la magistrada.
Por medio de un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria del Juzgado embarga al imputado un turismo marca Audi A4, una vivienda en Sevilla capital y las retribuciones, rentas o pensiones que, en concepto de prestaciones contributivas, perciba del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Asimismo, acuerda el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el imputado, que fue asesor en la Consejería de Empleo, en todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.
Ramón Díaz compareció ante la magistrada el 11 de octubre de 2013 y se acogió a su derecho constitucional a no declarar, tras lo que la Fiscalía Anticorrupción pidió que se le impusiera una fianza civil de dos millones de euros.
La juez, que le imputó tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, le impuso una fianza civil de 2,1 millones en un auto en el que cuantificaba en 457.041,61 euros el coste para la Junta de Andalucía por la inclusión de cinco 'intrusos' en Calderinox, Saldauto y A-Novo.
A todo ello suma la juez la cantidad de 450.000 euros por la subvención sociolaboral a la SAT Virgen del Espino, en la cual "participaría activamente" el imputado, quien "sabía que no era para una empresa de ocho trabajadores, pues tan sólo tenía dos y en realidad era pago de parte de las ayudas comprometidas".
La juez suma a todas estas cantidades otros 700.000 euros "por su contribución personal" a la negociación de los expedientes, "conociendo como sabía cómo y con qué deficiencias se tramitaban las subvenciones sociolaborales en los expedientes en que intervino, que fueron muchos", como Primayor, Saldauto, Calderinox, Faja Pirítica, Pickman o Nerva Croissant.
El imputado "conocía que alguna de estas entidades carecían de actividad y de trabajadores", como SAT Virgen del Espino, mientras que también "era consciente, según reconoció a la Guardia Civil, que nadie controlaba el destino dado a las ayudas, lo que obviamente incrementaba el despilfarro de las mismas, en la que el inculpado tendría por lo expuesto cierta participación".
EL IMPUTADO DEFIENDE SU INOCENCIA
Tras la comparecencia ante Alaya, el abogado del imputado entregó a los periodistas un comunicado de prensa en el que defiende su "absoluta inocencia" en el caso, añadiendo que "existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación" en los hechos relacionados con este procedimiento.
A su juicio, "así lo especifica el informe enviado a la juez Alaya por la Junta de Andalucía, a requerimiento de la Fiscalía, en el que se dice que no tenía ninguna capacidad de decisión, por lo tanto ni podía proponer acuerdos ni aprobaba ni denegaba".
"Su alejamiento de la partida 31.L --más conocida como 'fondo de reptiles'-- está acreditado a lo largo del sumario y continuará demostrándolo en los momentos procesales oportunos", concluye el comunicado.
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