Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de San Fernando han procedido a la identificación, imputación, detención de R.G.R, de 35 años de edad, vecino de San Fernando como supuesto autor de un delito por denunciar un hecho inexistente y fingir ser la víctima de un ilícito penal que nunca se realizó.
Los hechos se remontan al pasado mes de marzo del presente año, cuando el ahora detenido se personó en las dependencias policiales en la avenida Constitución, dando cuenta de la sustracción de diversa documentación y varios efectos mientras que se encontraba en un área comercial, dándose las circunstancias que entre estos objetos se hallaba un teléfono móvil de ultima generación y que, asociado al mismo, tenía un seguro que cubría dicha eventualidad.
La simulación de un delito, la falsedad de lo narrado en la denuncia, afloro gracias a que los pacientes investigadores que comenzaron a realizar las comprobaciones de rigor y con cuya espera se determinó y comprobó que los hechos relatados por R.G.R eran totalmente inexistentes, por cuyo motivo se procedió a la detención del citado individuo.
El procedimiento a seguir una vez que se recibe una denuncia, a través de las oficinas habilitadas al efecto, es la comprobación de los hechos, así como la posterior investigación. En caso de ser veraz se encaminan las gestiones hacia la detención de los presuntos autores. Si los hechos denunciados son “falsos” se imputa y en ocasiones como esta se detiene a los denunciantes, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial.
Por otra parte hay que resaltar que estas falsas manifestaciones provocan que se inviertan recursos humanos y materiales en una falsedad, restando esa dedicación a la investigación de los ilícitos efectivamente cometidos sobre victimas reales
Consecuencias penales
Desde la Comisaría de la Policía Nacional de San Fernando se hace especial hincapié en señalar que llevar a cabo denuncias que son falsas tienen consecuencia penales bastante duras para los infractores, puestos que se encuentra tipificado en el vigente Código Penal, como delitos contra la Administración de Justicia y puede acarrear importantes consecuencias, tales como sanciones económicas e incluso penas privativas de libertad.
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